diarioresponsable.comLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones del sector de la gestión de residuos por repartirse clientes y licitaciones de los ayuntamientos.

Siendo una de las mayores sanciones impuestas por este organismo, la mayor parte recae sobre un grupo de empresas que concentran el 75% de la sanción total. La mayor “afectada” ha sido ACS, con una multa de más de 23 millones de euros por las actividades fraudulentas de sus filiales Urbaser y Sartego; seguida del grupo FCC, con 16,88 millones; Valoriza (Sacyr) con 15,29 millones; Cespa (Ferrovial) con 13,61 millones y el grupo Saica con 5,3 millones.

Este grupo de empresas no tiene en cuenta los compromisos adquiridos públicamente a través de sus Códigos Éticos. Los pactos firmados por esta  trama no solo afectan a la libre competencia del mercado, sino que también perjudica a los contribuyentes al estar ligado con contratos públicos. Dichas actividades, realizadas de forma continuada entre 2000 y 2013 , poco tienen que ver con el interés que promueven las empresas en sus respectivas memorias de sostenibilidad sobre ética, profesionalidad y transparencia.

Buscando respuestas en los departamentos de comunicación y RSC de las principales empresas imputadas nos encontramos con que no quieren realizar declaraciones. Ante esta situación accedemos a través de sus portales web en busca de sus memorias de sostenibilidad.

Una de las principales imputadas, que se declara como la primera empresa española en firmar el Pacto Mundial de la ONU, destaca dentro de su plan estratégico su esfuerzo por “combatir la corrupción, extorsión y soborno”, olvidando que la competencia desleal va en contra de estos principios.

Dentro del expediente iniciado por la CNMC se ha probado la existencia de conductas anticompetitivas entre tres empresas del sector, que llegaron firmar acuerdos por valor de 542 millones referentes a contratos de limpieza, jardinería y gestión de residuos. El grupo matriz de una de ellas, declaran que “un requisito imprescindible para que el grupo pueda cumplir su misión de generar rentabilidad para los accionistas y la sociedad en la que se integra, es la transparencia informativa. Esta estrategia tiene como objetivo dar a su actividad la mayor claridad posible, siempre respetuosa con los intereses de los clientes y el resto de los interlocutores sociales de la compañía”.

Por otra parte, otra de las empresas infractoras, que indica mantener un diálogo abierto con todos sus públicos y que, sin embargo, no ha querido hacer declaraciones; establece como norma de mayor rango dentro del grupo su código ético. Dicho código incluye cuestiones relacionadas, entre otras, con la corrupción y el soborno y afecta a todos los empleados, directivos, proveedores y contratistas que colaboran con la compañía. A pesar de ello, se ha visto implicada en las conductas anticompetitivas mencionadas anteriormente que han afectado de forma directa al Ayuntamiento de Madrid, quien estudia actuar contra las empresas y asociaciones multadas por la CNMC.

Por su parte, estos cuatro grupos protagonistas del sector de la basura, todos firmantes del Pacto Mundial, han anunciado que van recurrir la sanción impuesta por la CNMC, según han indicado fuentes de las compañías a Europa Press.

 

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