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Hace aproximadamente un año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaba en una sesión histórica unos estándares universales que rigen, desde entonces, la gobernanza de cuestiones que tienen que ver con los impactos de las empresas en los derechos humanos y el papel de los Estados en la regulación de esta cuestión.

Dos tendencias se han hecho fuertes a lo largo de este último año: la primera es la necesidad, por parte de las empresas, de concretar qué significan estos Principios en su sector de actividad. En este sentido, y por primera vez en España, algunas empresas han decidido aunar esfuerzos y debatir, incluso con sus competidoras, cómo dar forma a los Principios en su sector específico de actividad. La segunda tendencia ha venido marcada por la necesidad de adaptar los Principios al “contexto país”. Esto ha sido más evidente en algunos contextos, como por ejemplo el de Colombia, que presenta duros condicionantes estructurales para la aplicación de los Principios pero que está desarrollando las capacidades necesarias para hacerles frente a través del diálogo entre los diferentes stakeholders.

En este sentido, es importante recordar que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos tiene el mandato explícito de dar asistencia a los gobiernos en la elaboración de sus planes nacionales de empresa y derechos humanos. Está capacitado para ayudar a los Estados a identificar los vacíos existentes en la implementación de los Principios Rectores y tiene igualmente el mandato de asesorar y hacer recomendaciones acerca de la elaboración de leyes y políticas nacionales. Puede incluso realizar visitas a los diferentes países, si estos así lo solicitan. En este sentido, Michael Addo, como miembro del Grupo de Trabajo recordaba, en una reciente reunión en Ginebra, que los Estados pueden solicitar sesiones de formación para los integrantes de los ministerios que se puedan ver interpelados a la hora de trabajar en el diseño e implementación de este plan nacional. Es obvio que, ante los retos que se enfrentan hoy en día, la formación y la capacitación de los responsables técnicos y políticos es de vital importancia.

En un momento en el que se empieza a dibujar una estrategia nacional de RSE, no se debe olvidar la importancia de vincularla, directa o indirectamente, a un plan nacional de empresa y derechos humanos. Son cuestiones íntimamente ligadas entre sí, que no tienen razón de ser, la una sin la otra.

@Mariaprandi

Maria Prandi Instituto de Innovación Social

Boletín empresas y derechos humanos número 48

En este artículo se habla de:
OpiniónPolíticaInternacional

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