Era injusto. La sociedad española no podía conocer a la norma que trata de cambiar el sistema productivo español, la Ley de Economía Sostenible, por el apellido de la ministra de Cultura que introdujo una polémica disposición con la que trataba de poner orden al mundo de las descargas online.
José Alías
Era injusto. La sociedad española no podía conocer a la norma que trata de cambiar el sistema productivo español, la Ley de Economía Sostenible, por el apellido de la ministra de Cultura que introdujo una polémica disposición con la que trataba de poner orden al mundo de las descargas online.
Pero aunque la Ley de Economía Sostenible NO es la Ley Sinde, y poca gente pone en cuestión la necesidad de regular la nueva sociedad de la información, quizás NO haya sido la mejor forma de llevarlo a cabo a través de una disposición y sí tendría que hacerse a través de una norma específica que actualice el anticuado marco regulatorio español a los nuevos modos y usos que la sociedad hace las tecnologías de la información y comunicación.
En cualquier caso el desarrollo de la mencionada disposición ha sido un claro ejemplo de una mala praxis en la gestión de los grupos de interés por parte de los responsables del ministerio de cultura, del Gobierno y por extensión del grupo parlamentario socialista durante su negociación en el Congreso de los Diputados.
Una de las principales materias que se enseñan en los programas de responsabilidad social es, precisamente, el diálogo con las partes interesadas de la empresa con el objetivo en primer lugar de desarrollar estrategias que se adecuen a sus necesidades de la misma forma que se integran en las políticas de negocio de la compañía, e indirectamente se consigue la tan ansiada legitimidad social para operar.
En este caso la empresa, el Ministerio de Cultura, no lo ha hecho bien. En primer lugar no hizo su estudio de materialidad, es decir conocer cuales son los grupos de interés, sus principales actores, y conocer cuales son sus expectativas. En segundo lugar, desde el ministerio se definió que actores eran relevantes y cuales no. En este termino, el pasado de la ministra le jugó una mala pasada y solamente consideró como partes relevantes aquellas entidades ligadas a su pasado. Dio más peso y relevancia a una de las partes que al resto.
En ese momento se vuelve a cometer otro gran error. Con unas entidades se negocia y con otras solamente se informa. Todos mantenemos en la retina la famosa reunión de la ministra Sinde con los principales blogeros del país después de que la red se revolucionara contra el Gobierno. En aquel momento se trataba de apaciguar a las masas, indicándoles además de que no habría negociación sobre el texto de la cacareada disposición.
Los usuarios habían sido ninguneados, y aquí es donde nos encontramos con el concepto de “legitimidad para operar”. Los componentes del grupo de interés de los clientes no entendían que de la noche a la mañana se les cambiara sus modos y costumbres, siendo ellos los únicos perjudicados sin que hubiera un cambio en un modelo de negocio que había saltado por los aíres, y además entendían que solamente se beneficiaba la gran industria. La “legitimidad para operar”, para cambiar el campo y las normas de juego, se había perdido y por eso las revuelta en Internet.
Otra cosa hubiera sucedido sí la ministra hubiera tratado a todos por igual y no hubiera creado distintas clases: los interlocutores y los demás; la industria cultural y el resto. En la gestión los grupos de interés todos tienen la misma importancia. Otra cosa hubiera sucedido, independientemente de si a Convergencia i Unió le habían dado lo que pedía.
