Durante estos últimos meses se han alzado distintas voces contra la ruptura de mercado único, que está siendo sustituido por 17 regionales, debido a la capacidad legislativa que tienen las Comunidades Autónomas.
Este cambio en las reglas del juego ha sido definido como un obstáculo a la capacidad competitiva de las empresas, que tienen que hacer frente a una mayor carga de costes en un momento de crisis económica global.
Estas barreras son proporcionalmente mayores cuanto más pequeñas son las empresas, por lo que son precisamente el grueso de nuestro tejido productivo el que se está viendo más afectado.
Pero, ¿Que tiene que ver esto con la responsabilidad social?. Más allá de la necesidad de legislación o no, que ha centrado el debate de esta materia en los últimos años, esta también el alcance de la misma cuando ha irrumpido la Junta de Extremadura aprobando un proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social de las Empresas.
El texto, según la nota de prensa oficial, el proyecto define:
“el concepto y los elementos configuradores de la Responsabilidad Social de las empresas extremeñas y establece los instrumentos de evaluación de la responsabilidad social empresarial, así como la verificación por entidades especializadas externas, allanando así la calificación de empresa responsable por la Junta de Extremadura y su posterior inclusión en un registro creado al efecto”.
También “se regulan en el texto los beneficios de las empresas extremeñas calificadas como responsables y los premios a las mejores de ellas”.
Teniendo en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación en toda España, y por lo que leemos en la información procedente del Gobierno extremeño las empresas calificadas como responsables podrán acceder a una serie de beneficios y contar con puntos en los concursos públicos.
Pero he aquí el problema. Una mediana empresa que opere en distintas Comunidades Autónomas tendrá que cumplir con distintos requerimientos para ser considerada responsable porque los gobiernos autonómicos podrán poner distintos requerimientos. De esta manera, se podrá dar la paradoja de ser responsable en Madrid pero no en Castilla-La Mancha y viceversa.
Además, tendremos el problema de los verificadores. ¿Quién podrá hacer una verificación? Estas entidades tendrán que estar certificadas por las comunidades autónomas correspondientes, lo que significa que si una entidad quiere verificar en distintas comunidades autónomas tendrá que evaluarse ante cada una de los registros correspondientes –toma costes.
Para las empresas, ¿cuántas veces tendrán que pagara a cuantos verificadores para que sean declaradas socialmente responsables? Porque evidentemente el certificado obtenido en La Rioja no valdrá en Cataluña y viceversa, lo que significa que tendrán que tener tantos certificados como comunidades opere.
La gestión de la responsabilidad corporativa en las empresas conlleva ciertos costes. ¿Están preparadas nuestras PYMES para poder asumir esta nueva carga cuando, conceptualmente, todavía se esta trabajando para crear un marco a nivel europeo y global?
Parece que en nuestro país somos más “papistas” que el propio “Papa”, pero medidas como esta, que no tienen en cuenta el debate que actualmente esta teniendo lugar distintos organismos internacionales puede llevar, bajo mi punto de vista, a que la extensión de la responsabilidad social en el tejido de las pequeñas y medianas empresas quede paralizado para siempre en nuestro país. Así que como dice el grandullón Obelix “están locos estos romanos”.
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