España autorizó a su flota mediterránea la pesca ilegal de atún rojo inmaduro en 2007. Una circular demuestra que se permitió a 67 barcos incumplir la normativa internacional vigente. Las autoridades españolas siguen sin explicar los desfases de 8.000 toneladas en sus declaraciones de capturas, según denuncia Greenpeace.
Pese a que la pesquería de atún rojo, una de las especies más importantes en todo el Mediterráneo, está al borde del colapso y a que el plan de recuperación de la especie no respeta las recomendaciones científicas, la administración pesquera española incumplió en 2007 la normativa internacional que regula la pesca de esta especie y que prohíbe la pesca de atunes rojos menores de 30 kg, con tan sólo dos excepciones entre las que no se encuentra la flota mediterránea. La Circular de la Dirección General de Recursos Pesqueros a la que ha tenido acceso Greenpeace, emitida el 25 de julio de 2007 por el entonces Director General de este departamento, Fernando Curcio Ruigómez, fue enviado al sector pesquero, capitanías marítimas y centros de inspección pesquera y contiene una lista de 67 barcos españoles con base en puertos mediterráneos a los que la Secretaría General de Pesca Marítima autoriza la pesca dirigida a la captura de atunes rojos inferiores a 30 kg de peso, autorizando el incumplimiento de las normativas internacional y comunitaria que regulan la pesca de esta especie.
"Es evidente que España ha jugado con la letra pequeña del plan de recuperación del atún rojo para evitar el cumplimiento de las normas internacionales aprobadas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.
La autorización de la pesca dirigida al atún rojo inmaduro a casi 70 barcos mediterráneos es sencillamente ilegal", ha declarado Sebastián Losada, de la campaña de Océanos de Greenpeace.
"Por un lado, España sigue asistiendo a los foros internacionales como abanderada de la lucha contra la pesca ilegal mientras que por otro vemos que ésta se autoriza sobre una especie que se encuentra al borde de la extinción comercial". Por otra parte, España sigue sin explicar los desfases existentes entre las capturas declaradas por la industria española y las comunicadas oficialmente por España a la CICAA, de al menos 8.000 toneladas en la última década.