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La comunidad internacional ha dado un nuevo paso para afrontar la crisis de biodiversidad. La cumbre de Naciones Unidas celebrada en Armenia concluyó con la aprobación de una hoja de ruta destinada a acelerar la protección de los ecosistemas, cerca de 2.000 millones de dólares en nuevos compromisos de financiación y avances para garantizar una mayor participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las decisiones ambientales. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo transformar los acuerdos internacionales en políticas concretas.
La COP17 marca el camino para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030

La protección de la naturaleza vuelve a situarse entre las prioridades de la agenda ambiental internacional. Tras dos semanas de negociaciones en Ereván, capital de Armenia, los países participantes en la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17) alcanzaron un acuerdo para intensificar los esfuerzos de conservación y recuperación de los ecosistemas durante los próximos cuatro años.

Según informa Naciones Unidas, el encuentro estuvo marcado por una conclusión preocupante: los avances actuales resultan insuficientes para alcanzar los compromisos internacionales de biodiversidad previstos para 2030. Ante este escenario, los gobiernos aprobaron la denominada Hoja de Ruta de Ereván, un documento que establece las prioridades para acelerar la aplicación de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Este marco internacional, adoptado para detener y revertir el deterioro de la naturaleza antes de que termine la década, constituye la principal referencia de las políticas mundiales de biodiversidad. Su cumplimiento exige no solo ampliar las medidas de conservación, sino también revisar las actividades económicas y los mecanismos de financiación que contribuyen a la degradación ambiental.

Transformar la economía para dejar de perjudicar a la naturaleza

Uno de los principales mensajes de la COP17 fue la necesidad de abordar las contradicciones entre los compromisos ambientales y las políticas económicas. La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, advirtió de que no es posible avanzar en la conservación mientras continúen destinándose recursos a actividades que destruyen los ecosistemas.

En esta línea, la nueva hoja de ruta plantea reformar o eliminar las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad, incorporar los objetivos de conservación en los presupuestos públicos y reforzar la coherencia entre las decisiones económicas y los compromisos ambientales.

El acuerdo también contempla ampliar la cooperación internacional mediante mayores recursos financieros, asistencia científica y apoyo técnico, especialmente para los países en desarrollo. A ello se suma la necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento y presentación de informes, con el objetivo de evaluar de manera más precisa los resultados de las políticas adoptadas. Para el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, las negociaciones demostraron que la cooperación internacional puede superar las diferencias entre países y traducir los compromisos compartidos en decisiones concretas.

Casi 50 decisiones para reforzar la conservación de los ecosistemas

Más allá de la hoja de ruta general, la conferencia concluyó con la adopción de cerca de 50 decisiones relacionadas con distintos ámbitos de la protección ambiental. Entre las cuestiones abordadas figuran la conservación de los bosques, la gestión de las áreas protegidas, la protección de la fauna silvestre y la respuesta frente a las especies exóticas invasoras. También se alcanzaron acuerdos sobre biodiversidad marina y costera, así como sobre biología sintética, un ámbito científico que plantea nuevos desafíos para la gobernanza ambiental.

Otro de los resultados destacados fue la aprobación de las Directrices de Seván, destinadas a regular el funcionamiento de un nuevo órgano permanente de participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este mecanismo pretende fortalecer su intervención en la elaboración de las políticas internacionales sobre biodiversidad, reconociendo la importancia de incorporar sus perspectivas en las decisiones que afectan a los territorios, los ecosistemas y los recursos naturales de los que dependen.

Su creación representa un avance en la dimensión social de la gobernanza ambiental, al ampliar los espacios de participación de comunidades directamente vinculadas con la conservación y el uso sostenible de la naturaleza.

Nuevos recursos para financiar la biodiversidad

La financiación fue otro de los grandes ejes de la conferencia. Durante el encuentro se anunciaron compromisos por un importe cercano a 2.000 millones de dólares, destinados a impulsar iniciativas de protección y recuperación de la biodiversidad.

Entre las aportaciones comunicadas destacan 560 millones de dólares correspondientes a la última reposición de recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otros 500 millones que se canalizarán mediante la Alianza para la Recuperación de Especies.

Asimismo, se anunciaron 330 millones de dólares para el Fondo Value Nature, una iniciativa orientada a atraer capital privado hacia proyectos vinculados con la conservación del patrimonio natural.

La agenda financiera también incorporó nuevas herramientas promovidas por el Banco Asiático de Desarrollo, entre ellas un bono para la biodiversidad y una incubadora de inversiones.

Estas iniciativas buscan ampliar las fuentes de financiación disponibles para la protección ambiental, combinando recursos públicos y privados. Paralelamente, los países acordaron desarrollar nuevos indicadores que permitan medir los avances y fortalecer la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos internacionales.

De los compromisos internacionales a los resultados reales

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), su directora ejecutiva, Inger Andersen, valoró los resultados de la conferencia como una muestra de la capacidad del multilateralismo para alcanzar acuerdos frente a desafíos ambientales compartidos.

Andersen destacó que los países consiguieron encontrar puntos de encuentro y adoptar decisiones relevantes para avanzar en la protección de las personas y del planeta. No obstante, el balance de la COP17 también pone de manifiesto que los compromisos diplomáticos, por sí solos, no garantizan la recuperación de la biodiversidad. La aplicación de las medidas acordadas, la disponibilidad efectiva de financiación y la incorporación de los objetivos ambientales en las políticas nacionales serán determinantes durante los próximos años.

La siguiente cita internacional será la COP18, que se celebrará en Ecuador, cuando apenas resten dos años para alcanzar las metas establecidas para 2030. De cara a ese encuentro, los gobiernos deberán demostrar hasta qué punto los acuerdos alcanzados en Armenia se han traducido en avances verificables.

Como recordó Astrid Schomaker al cierre de la conferencia, el éxito de la COP17 no se medirá únicamente por las decisiones adoptadas en Ereván, sino por las transformaciones que los países sean capaces de impulsar una vez que regresen a sus territorios.

La comunidad internacional dispone ahora de una hoja de ruta compartida. El reto será convertirla en acciones capaces de detener el deterioro de los ecosistemas y situar la protección de la biodiversidad en el centro de las decisiones políticas y económicas.

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