La protección social, el acceso a una vivienda digna y el fortalecimiento de las organizaciones sociales deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda política de los próximos años. Así lo plantea la Plataforma del Tercer Sector en su documento de propuestas para la XVI Legislatura, presentado este lunes 26 de octubre, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, igualitaria y cohesionada.
Según informa la propia organización, las medidas buscan reforzar las políticas públicas y mejorar su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad. Para ello, propone una serie de reformas legislativas y compromisos institucionales que abarcan desde el reconocimiento constitucional de los derechos sociales hasta la financiación de las entidades que trabajan sobre el terreno.
Uno de los principales ejes del documento es la necesidad de reconocer los derechos sociales, económicos y culturales como derechos fundamentales mediante una reforma de la Constitución Española. La Plataforma considera que este cambio permitiría reforzar su protección jurídica y situarlos en un plano central dentro del sistema de garantías del Estado. También plantea incorporar el voluntariado como una forma básica de participación ciudadana.
En esta misma línea, reclama la aprobación de una Ley Estatal de Servicios Sociales que establezca criterios mínimos compartidos de protección, accesibilidad, calidad y acceso en todas las comunidades autónomas. La propuesta pretende contribuir a una cobertura más homogénea de los servicios sociales, independientemente del territorio en el que residan las personas.
Asimismo, la entidad considera necesario actualizar la Ley del Tercer Sector de Acción Social para adecuarla a las circunstancias actuales y fortalecer los espacios de diálogo civil y participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas.
«La próxima legislatura debe situar la cohesión social y la protección de las personas entre sus grandes prioridades. Necesitamos políticas públicas sólidas, accesibles y coordinadas que permitan prevenir las situaciones de exclusión y responder a las necesidades sociales en todo el territorio», ha señalado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector.
El acceso a una vivienda adecuada constituye otro de los grandes ámbitos de actuación recogidos en el documento. Ante las dificultades habitacionales que afectan a numerosos hogares, la Plataforma propone alcanzar un Pacto de Estado por la Vivienda que permita coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y garantizar políticas sostenidas en el tiempo.
Entre las iniciativas planteadas figura la consolidación de un parque público y social de vivienda suficiente, permanente y protegido frente a la privatización. A ello se suma la necesidad de ampliar la disponibilidad de viviendas destinadas al alquiler asequible y establecer medidas para que las familias no tengan que dedicar más del 30 % de sus ingresos al acceso y mantenimiento de su residencia habitual.
La organización también reclama que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad pueda ser desalojada sin disponer previamente de una alternativa habitacional adecuada.
Otra de las propuestas consiste en destinar el 30 % de las nuevas construcciones residenciales al alquiler social, junto con la creación de un registro de viviendas vacías que permita conocer mejor los recursos habitacionales disponibles.
Además, la Plataforma apuesta por facilitar la aparición y consolidación de entidades sin ánimo de lucro especializadas en la promoción, rehabilitación y gestión de viviendas sociales y asequibles, con el propósito de ampliar las alternativas de acceso a una vivienda.
El documento también presta especial atención a las condiciones en las que desarrollan su actividad las organizaciones del Tercer Sector. La Plataforma considera imprescindible avanzar hacia un sistema de financiación estable, suficiente y previsible, capaz de garantizar la continuidad de los programas y servicios destinados a las personas que más los necesitan.
Para conseguirlo, propone revisar la normativa que regula las subvenciones públicas y modificar el régimen de desindexación, una regulación que condiciona la actualización de determinados importes y costes.
Entre las medidas económicas destaca la propuesta de elevar del 0,7 % al 1 % la asignación tributaria destinada a fines sociales a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades. Esta iniciativa pretende reforzar los recursos disponibles para financiar proyectos sociales y mejorar la capacidad de respuesta de las entidades.
«Fortalecer el Tercer Sector no es una finalidad aislada, sino una condición necesaria para garantizar la continuidad de las respuestas sociales. Las entidades necesitan un marco estable que les permita atender las necesidades existentes, anticiparse a nuevos riesgos y acompañar a las personas», ha explicado Luciano Poyato.
Con la presentación de este documento, la Plataforma del Tercer Sector busca trasladar sus prioridades a los partidos políticos para que puedan incorporarlas a sus programas electorales y desarrollarlas durante la próxima legislatura.
La organización ya ha remitido las propuestas a las distintas formaciones y tiene previsto iniciar una ronda de reuniones con sus representantes para abordar las medidas planteadas.
Fundada en enero de 2012, la Plataforma del Tercer Sector reúne a nueve de las principales organizaciones sociales de España: la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas Española, la ONCE, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma de Infancia.
A esta estructura se suman once plataformas y mesas territoriales, que permiten articular la representación de cerca de 28.000 entidades sociales en todo el país. Su labor se centra en defender los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, con especial atención a quienes se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión.
Las propuestas presentadas sitúan así el debate sobre la próxima legislatura en torno a tres grandes cuestiones: la garantía efectiva de los derechos sociales, la respuesta pública a la crisis de acceso a la vivienda y la sostenibilidad de las organizaciones que trabajan contra la exclusión.
El documento completo puede consultarse en la web de la Plataforma del Tercer Sector: Propuestas para una legislatura social.
