La comunidad internacional afronta una década decisiva para frenar el deterioro de los ecosistemas, pero los resultados siguen lejos de las expectativas. Pese a los compromisos asumidos por numerosos países, la pérdida de biodiversidad continúa siendo uno de los grandes desafíos ambientales del planeta. En este contexto, la 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), inaugurada este lunes 19 de octubre en la capital armenia, busca impulsar una respuesta internacional más eficaz.
Según informa Noticias ONU, la cumbre llega en un momento especialmente relevante: se ha alcanzado la mitad del periodo previsto para cumplir los compromisos internacionales de biodiversidad y todavía existen importantes diferencias entre los objetivos anunciados y las acciones desarrolladas. La cita, que se prolongará hasta el 30 de octubre, permitirá evaluar los resultados obtenidos, identificar los principales obstáculos y definir cómo acelerar las medidas durante los próximos cuatro años.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado poner fin a la denominada «guerra contra la naturaleza» y ha situado la responsabilidad política en el centro del debate. Su mensaje a los líderes reunidos en Ereván es claro: la comunidad internacional debe demostrar que sus compromisos ambientales pueden traducirse en resultados verificables.
El principal instrumento internacional para abordar esta crisis es el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022. El acuerdo establece 23 metas que deben alcanzarse antes de 2030 y cuatro grandes objetivos de largo plazo para 2050.
Entre sus prioridades figura la protección del 30 % de las superficies terrestres y marinas del planeta antes de que termine esta década, una iniciativa conocida internacionalmente como 30x30. Sin embargo, el alcance del marco es mucho más amplio.
El acuerdo también contempla medidas para reducir los factores que impulsan la desaparición de especies y la degradación de los ecosistemas, como la transformación del uso del suelo y los océanos, la explotación insostenible de los recursos naturales, el cambio climático, la contaminación y la expansión de especies exóticas invasoras.
Asimismo, plantea modificar los modelos de producción y consumo, revisar los incentivos económicos que perjudican al medioambiente, movilizar recursos financieros y promover una mayor responsabilidad empresarial respecto a los impactos y la dependencia de las actividades económicas sobre la naturaleza.
Los datos recopilados por Naciones Unidas muestran avances en la planificación institucional, aunque también evidencian importantes limitaciones en su aplicación. Casi el 90 % de las 196 partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha establecido metas nacionales, alrededor del 60 % dispone de estrategias y planes de acción y más del 70 % ha presentado informes nacionales.
No obstante, menos de la mitad de las metas nacionales evaluadas por las propias partes mantiene una trayectoria compatible con su cumplimiento. A ello se suma que el nivel de ambición de los compromisos todavía resulta insuficiente para alcanzar la protección del 30 % de las tierras y los mares.
Las dificultades no se limitan a la voluntad política. La escasez de financiación, las diferencias en las capacidades institucionales, la cooperación insuficiente y las carencias de información dificultan tanto la puesta en marcha de las políticas como la evaluación de sus resultados.
Uno de los asuntos centrales de las negociaciones será cómo garantizar los recursos necesarios para cumplir las metas internacionales.
El Marco de Kunming-Montreal establece la necesidad de movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para 2030, procedentes de diferentes fuentes. De esa cantidad, un mínimo de 30.000 millones deberá corresponder a financiación internacional destinada a la biodiversidad, según recordó el embajador de Armenia ante Naciones Unidas, Paruyr Hovhannisyan.
Esta cuestión resulta fundamental para reducir las desigualdades entre países a la hora de proteger sus ecosistemas y desarrollar políticas de conservación.
Otro de los temas que abordará la conferencia será el funcionamiento del Fondo de Cali, concebido para promover un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización comercial de información digital sobre secuencias genéticas de recursos genéticos.
Los gobiernos deberán avanzar en los mecanismos prácticos que permitan aplicar este instrumento y reforzar la cooperación internacional.
La agenda también contempla mejorar los sistemas de seguimiento, fortalecer las capacidades técnicas y ampliar la disponibilidad de datos. El objetivo es que los países puedan comprobar con mayor precisión si las políticas adoptadas están produciendo mejoras reales en la conservación de la naturaleza.
La COP17 también pondrá el foco en una cuestión que trasciende las competencias de los ministerios de Medio Ambiente: la necesidad de integrar la biodiversidad en las decisiones económicas, financieras y empresariales.
Algunas de las metas que presentan mayores retrasos están relacionadas precisamente con los patrones de producción y consumo, los incentivos perjudiciales para los ecosistemas y la incorporación de criterios ambientales en la actividad económica.
Por ello, el cumplimiento del acuerdo internacional requiere una participación más amplia de los distintos sectores de la sociedad y una mayor coordinación entre las políticas ambientales y económicas.
La conferencia realizará, además, la primera revisión mundial del progreso colectivo alcanzado desde la aprobación del marco en 2022. Esta evaluación permitirá identificar las áreas donde se han producido avances y aquellas en las que será necesario intensificar las actuaciones.
Para Armenia, país anfitrión, el encuentro debe combinar dos dimensiones: evaluar lo realizado y facilitar la ejecución de las medidas pendientes.
En declaraciones recogidas por Noticias ONU, el embajador Hovhannisyan insistió en que 2030 no puede considerarse un horizonte lejano y defendió la necesidad de que las decisiones adoptadas durante la conferencia contribuyan a reducir la distancia entre las promesas internacionales y los resultados concretos.
Por su parte, Hambardzum Matevosyan, ministro de Medio Ambiente de Armenia y presidente de la COP17, recordó que las anteriores conferencias marcaron etapas diferentes del proceso: la COP15 permitió aprobar el marco mundial y la COP16 avanzó en los mecanismos necesarios para aplicarlo. Ahora, la reunión de Ereván deberá determinar qué medidas funcionan, cuáles presentan retrasos y qué cambios hacen falta.
La pérdida de biodiversidad no constituye únicamente una amenaza para las especies silvestres o los espacios naturales. Sus consecuencias afectan directamente a las condiciones de vida de las personas, ya que la alimentación, la disponibilidad de agua y la calidad del aire dependen del funcionamiento de los ecosistemas.
Esta relación convierte la conservación de la naturaleza en una cuestión estrechamente vinculada con el bienestar humano y el desarrollo sostenible.
La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, subrayó esta responsabilidad compartida durante la presentación de un informe de Naciones Unidas sobre los avances del Marco de Kunming-Montreal. Su mensaje puso el acento en que los países ya disponen de información suficiente para reconocer los principales déficits y deben trabajar conjuntamente para corregirlos.
Con cuatro años por delante hasta 2030, el desafío de la COP17 será conseguir que los compromisos internacionales dejen de concentrarse en documentos y declaraciones y se conviertan en actuaciones capaces de detener y revertir la pérdida de biodiversidad. El resultado de Ereván será una prueba importante de la capacidad de los gobiernos para responder a una crisis ambiental que afecta al conjunto del planeta.
