La distancia entre las promesas climáticas y las medidas necesarias para cumplirlas vuelve a situarse en el centro del debate internacional. A menos de un mes de la COP31, representantes de Brasil, Türkiye, Australia y Etiopía participaron en una reunión de alto nivel en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, para abordar los principales desafíos de la próxima conferencia y analizar cómo reconstruir la confianza en la cooperación multilateral frente al calentamiento global.
Según informa Naciones Unidas, el encuentro estuvo marcado por una preocupación compartida: los efectos de la crisis climática avanzan mientras las respuestas políticas y financieras continúan siendo insuficientes.
El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, abrió la sesión recordando las devastadoras inundaciones registradas recientemente en Nepal. Las imágenes de enormes masas de agua destruyendo viviendas y comunidades enteras sirvieron para ilustrar las consecuencias humanas de fenómenos extremos sobre los que la comunidad científica lleva décadas alertando.
Rahman advirtió, además, de que El Niño continúa intensificándose y podría situarse entre los episodios más fuertes registrados desde 1950. A este escenario se suma una perspectiva especialmente preocupante: las políticas climáticas actualmente vigentes conducirían a un incremento de la temperatura global de 2,8 °C, muy por encima de los límites establecidos en el Acuerdo de París.
Más allá de los indicadores científicos, el responsable de la ONU insistió en que la emergencia climática tiene consecuencias directas sobre los derechos y las condiciones de vida de millones de personas. Desplazamientos forzosos, interrupciones educativas, dificultades crecientes para acceder al agua y pérdidas materiales y humanas forman parte de una realidad que afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables.
En este contexto, defendió que la COP31 debe convertirse en una oportunidad para demostrar que la cooperación internacional puede ofrecer resultados tangibles y que los compromisos asumidos por los Estados pueden traducirse en mejoras concretas.
Uno de los principales ejes de la conferencia será la necesidad de movilizar recursos económicos suficientes para acelerar la transición ecológica y reforzar la capacidad de adaptación de los países.
Türkiye, anfitriona de la COP31, presentó una agenda centrada en impulsar las energías limpias, reducir las emisiones de metano y fortalecer la resiliencia climática.
Entre sus propuestas destaca el Puente para la Implementación Climática, una iniciativa desarrollada junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que pretende facilitar la transformación de los compromisos nacionales en proyectos concretos con posibilidades de obtener inversiones y financiación.
El embajador turco ante Naciones Unidas, Ahmet Yıldız, subrayó que el problema no se limita a la cantidad de dinero disponible. También resulta fundamental garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan mediante mecanismos accesibles, asequibles y previsibles.
Esta cuestión adquiere especial relevancia para los países con menores capacidades económicas, que deben afrontar inversiones crecientes para proteger sus territorios y poblaciones frente a los impactos del cambio climático.
Las pequeñas naciones insulares se encuentran entre los territorios más expuestos a las consecuencias del calentamiento global. El aumento del nivel del mar y la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos amenazan sus infraestructuras, viviendas y actividades económicas.
Australia, que asumirá la dirección de las negociaciones de la COP31 mediante un acuerdo de responsabilidades compartidas con Türkiye, puso el foco en la necesidad de escuchar a estas comunidades y acelerar las soluciones sobre el terreno.
Su embajador ante la ONU, James Larsen, defendió que la confianza internacional solo podrá recuperarse si la acción climática produce resultados visibles para quienes afrontan mayores riesgos.
En este sentido, reclamó procedimientos más ágiles para acceder a los fondos climáticos y estrategias de adaptación que combinen la evidencia científica con las necesidades específicas de cada territorio.
La participación de las comunidades afectadas aparece así como un elemento fundamental para garantizar que las inversiones respondan a problemas reales y contribuyan a reducir las desigualdades existentes.
Brasil, que presidió la COP30 celebrada en Belém en 2025, identificó tres cuestiones prioritarias para las próximas negociaciones internacionales.
La primera será avanzar en la puesta en funcionamiento del mecanismo de transición justa acordado en Belém, destinado a favorecer una transformación económica y energética que tenga en cuenta sus repercusiones sociales.
La segunda prioridad pasa por mejorar los instrumentos que permiten evaluar los progresos de los países en materia de adaptación climática. La tercera consiste en ampliar las inversiones destinadas a las economías en desarrollo, especialmente aquellas que soportan elevados niveles de endeudamiento.
El embajador brasileño, Sérgio França Danese, señaló que las restricciones presupuestarias de numerosos Estados dificultan la financiación de las políticas climáticas. Por ello, defendió la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan ampliar el margen fiscal de estos países y facilitar inversiones sostenibles.
El debate pone de manifiesto uno de los principales desafíos de la transición ecológica: garantizar que los costes de la descarbonización y la adaptación no profundicen las desigualdades económicas y sociales.
La distribución desigual de las responsabilidades y consecuencias del calentamiento global también ocupó un lugar destacado durante el encuentro.
Etiopía, que será sede de la COP32 en 2027, recordó que el continente africano representa aproximadamente el 3 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, a pesar de encontrarse entre las regiones más afectadas por la crisis climática.
Su embajador ante Naciones Unidas, Tesfaye Yilma Sabo, advirtió de que cada retraso en la adopción de medidas incrementa los costes económicos, ambientales y sociales para los países en desarrollo.
Asimismo, destacó que las posibilidades de acceder a financiación y tecnologías limpias condicionan cada vez más la capacidad de los Estados para participar en la transición energética y aprovechar sus beneficios.
Desde esta perspectiva, la justicia climática exige no solo reducir las emisiones globales, sino también abordar las desigualdades estructurales que determinan qué países pueden proteger mejor a sus poblaciones y cuáles quedan expuestos a mayores riesgos.
La COP31 se celebrará en Antalya entre el 9 y el 20 de noviembre, con una reunión de líderes mundiales prevista para los días 11 y 12. Durante esas jornadas, los gobiernos deberán avanzar en acuerdos que permitan fortalecer la cooperación internacional y acelerar el cumplimiento de los compromisos climáticos.
Sin embargo, el principal desafío trasciende los documentos que puedan aprobarse durante las negociaciones. La credibilidad del proceso dependerá de su capacidad para movilizar inversiones, impulsar medidas de adaptación, reducir las emisiones y proteger a las personas que ya sufren las consecuencias del calentamiento global.
El mensaje trasladado por la presidencia de la Asamblea General fue claro: el éxito de la COP31 no debería medirse por la cantidad de nuevas promesas, sino por su capacidad para proteger vidas y transformar los compromisos internacionales en acciones efectivas.
En un escenario de creciente vulnerabilidad climática, recuperar la confianza en el multilateralismo supone demostrar que la cooperación entre países puede contribuir a construir un futuro más seguro, sostenible y justo.
