La obesidad infantil se ha convertido en uno de los grandes desafíos para la salud pública mundial. Desde 1990, su prevalencia entre la población de 5 a 19 años se ha multiplicado por cuatro, pasando del 2% a aproximadamente el 8%. Según los últimos datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 alrededor de 170 millones de menores vivían con esta enfermedad: 70 millones tenían entre 5 y 9 años y otros 100 millones pertenecían al grupo de 10 a 19 años.
Ante esta situación, el organismo de Naciones Unidas ha presentado sus primeras recomendaciones mundiales para abordar la obesidad durante la infancia y la adolescencia. El documento propone superar los tratamientos centrados exclusivamente en la pérdida de peso y avanzar hacia una atención integral que contemple las necesidades físicas, psicológicas y sociales de cada menor.
La preocupación sanitaria responde tanto a las consecuencias inmediatas de la enfermedad como a sus posibles efectos futuros. La obesidad durante las primeras etapas de la vida puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Sin embargo, sus repercusiones también alcanzan al ámbito educativo y emocional, especialmente cuando los menores experimentan discriminación, acoso o estigmatización por su peso.
Una de las principales conclusiones de las nuevas directrices de la OMS es que los tratamientos farmacológicos no están recomendados para niños menores de 10 años. Esta posición responde a la insuficiencia de investigaciones que permitan determinar con seguridad sus beneficios y posibles consecuencias sobre el crecimiento, el desarrollo, la salud mental y diferentes funciones fisiológicas.
La revisión científica realizada para elaborar las recomendaciones no identificó ensayos sobre tratamientos farmacológicos en menores de seis años. En el grupo de seis a nueve años, la información disponible también resultó limitada: únicamente se analizaron siete estudios sobre metformina y uno sobre liraglutida.
Para los adolescentes de entre 10 y 19 años, la OMS contempla la posibilidad de recurrir a medicamentos autorizados en determinados casos, siempre que las intervenciones supervisadas por profesionales sanitarios no hayan permitido alcanzar los resultados previstos. Entre los tratamientos examinados se encuentran los fármacos agonistas del receptor GLP-1, aunque persisten dudas sobre sus efectos a largo plazo.
La organización también desaconseja la cirugía bariátrica y los dispositivos destinados al control del peso en menores de 10 años. En adolescentes con obesidad grave, las intervenciones quirúrgicas podrían valorarse únicamente bajo criterios estrictos.
Luz María De Regil, directora del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, insiste en que la respuesta sanitaria debe construirse principalmente sobre el acompañamiento profesional, los hábitos alimentarios saludables, el movimiento cotidiano y la incorporación de cambios sostenibles en el comportamiento, en lugar de situar los medicamentos o la cirugía como primera alternativa.
Las recomendaciones internacionales plantean que cada intervención debe adaptarse a la edad, el estado de salud, las características culturales y las condiciones familiares del menor. El propósito no consiste únicamente en modificar su peso corporal, sino en favorecer una mejor calidad de vida y proteger su bienestar a largo plazo.
En el ámbito nutricional, la OMS propone programas alimentarios estructurados y supervisados por profesionales especializados. Estos deben considerar las preferencias de cada familia, sus rutinas, los horarios de las comidas y los recursos económicos disponibles.
Esta última cuestión resulta especialmente relevante desde una perspectiva de equidad. El organismo reconoce que los hogares con menores ingresos pueden encontrar más obstáculos para adquirir alimentos saludables o acceder a programas específicos de atención. Por tanto, las posibilidades de seguir las recomendaciones sanitarias también dependen de las condiciones materiales en las que viven las familias.
La actividad física constituye otro componente fundamental. Para los mayores de cinco años, las orientaciones generales apuntan a realizar una media de al menos 60 minutos diarios de ejercicio de intensidad moderada o vigorosa a lo largo de la semana, incorporando actividades que fortalezcan músculos y huesos un mínimo de tres días semanales.
No obstante, la OMS señala que estas prácticas deben ajustarse a las capacidades y preferencias individuales. Los juegos, las actividades recreativas y las propuestas no competitivas pueden contribuir a que niños y adolescentes participen de forma más habitual y disfruten del movimiento.
El bienestar psicológico ocupa igualmente un lugar central. La ansiedad, la depresión, la baja autoestima y las dificultades para gestionar las emociones pueden relacionarse con hábitos alimentarios poco saludables, sedentarismo o aislamiento. Al mismo tiempo, sufrir burlas, rechazo o discriminación por el peso puede agravar estas situaciones.
Por este motivo, las nuevas directrices defienden una atención coordinada entre salud física y mental, con participación de las familias y cuidadores, y rechazan los enfoques que responsabilizan o culpabilizan a los menores por su enfermedad.
Las herramientas tecnológicas también aparecen entre los posibles recursos complementarios. Aplicaciones para fomentar el ejercicio, podómetros y videojuegos que requieren movimiento pueden utilizarse a partir de los dos años con supervisión adulta, aunque la OMS reconoce que todavía existen pruebas limitadas sobre su eficacia.
Más allá de las recomendaciones clínicas, el organismo internacional lanza un mensaje a los responsables de las políticas públicas: tratar la obesidad infantil no será suficiente si no se transforman los entornos que condicionan la alimentación y la actividad física.
En este sentido, las nuevas directrices sitúan la prevención y la atención sanitaria dentro de una respuesta más amplia que requiere actuaciones coordinadas en educación, urbanismo, transporte y protección social.
Entre las medidas señaladas figuran las políticas regulatorias y fiscales que favorezcan una alimentación saludable, así como la creación de espacios accesibles y adecuados para practicar actividad física.
Esta perspectiva conecta directamente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, centrado en garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas. También guarda relación con el ODS 2, vinculado a la alimentación y la nutrición, y con el ODS 10, orientado a reducir las desigualdades.
La disponibilidad de alimentos nutritivos, los recursos económicos de los hogares y las oportunidades para desarrollar hábitos saludables ponen de manifiesto que la obesidad infantil no puede abordarse únicamente desde las decisiones individuales. Las condiciones sociales y los entornos cotidianos también influyen en las posibilidades de cuidar la salud.
En esta línea, De Regil subraya la importancia de garantizar que todos los menores puedan recibir atención sanitaria de calidad desde edades tempranas y crecer en entornos que favorezcan su bienestar durante toda la vida.
Las nuevas recomendaciones de la OMS refuerzan así una idea fundamental: proteger la salud de la infancia requiere combinar una atención médica adecuada con políticas públicas que garanticen oportunidades reales para llevar una vida saludable, independientemente de la situación económica o social de cada familia.
