La transformación demográfica plantea un desafío que va mucho más allá del aumento de la esperanza de vida. Obliga también a preguntarse si las ciudades están preparadas para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida y garantizar entornos seguros, accesibles y capaces de sostener los cuidados.
Esta cuestión ha centrado la quinta sesión del ciclo anual Conversaciones Humanitarias generadoras de Talento, organizado por la Fundación Cruz Roja Española. Según informa la entidad, el encuentro, titulado Ciudades Habitables: proximidad, cuidados y vínculos humanitarios, se enmarca en el eje Demografía y Vulnerabilidad desarrollado durante 2026 y ha puesto el foco en la necesidad de avanzar desde ciudades diseñadas fundamentalmente en torno a la eficiencia hacia modelos que prioricen el bienestar y la calidad de vida.
Moderado por el periodista y escritor Sergio C. Fanjul, el debate reunió a Carlos Moreno, director científico de la cátedra ETI de IAE París-Sorbona y creador del concepto de la «Ciudad de los 15 minutos»; María Ángeles Durán, catedrática de Sociología, investigadora del CSIC y referente en el estudio de la economía de los cuidados; y Alexandre Kalache, epidemiólogo, presidente del Centro Internacional de Longevidad (ILC Brasil) e impulsor de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El punto de partida del encuentro fue definir las condiciones mínimas que debería reunir una ciudad para garantizar una vida digna. Fanjul introdujo el debate a partir de su experiencia criando a su hija de cinco años en el madrileño barrio de Lavapiés, donde conviven las dificultades espaciales y horarias propias de una gran ciudad con redes comunitarias que contribuyen a sostener colectivamente la crianza.
Para Carlos Moreno, una condición básica es que la ciudad «no enferme ni física ni mentalmente». La contaminación y la escasez de espacios verdes pueden afectar a la salud física, mientras que el ritmo de vida urbano puede favorecer el estrés crónico y la soledad. Durante su intervención señaló, a partir de distintos informes, que el impacto de la soledad urbana puede equipararse al de fumar 13 cigarrillos diarios. Frente a ello, defendió entornos limpios, espacios públicos que faciliten la convivencia y la recuperación de «tiempo útil» para la vida cotidiana.
María Ángeles Durán introdujo otra dimensión: una ciudad con empleo no es necesariamente una buena ciudad para vivir. La socióloga defendió la seguridad como requisito para reducir el estrés asociado al miedo y destacó la importancia de la capacidad redistributiva de las ciudades para atender a quienes no pueden conseguir todos sus recursos a través del mercado, entre ellos niños, personas mayores, personas dependientes y población migrante.
Kalache, por su parte, situó tres cuestiones entre las prioridades: escuchar a las propias personas mayores, combatir el edadismo —al que calificó como «el último gran tabú social»— y reducir las desigualdades territoriales. En este contexto recordó los estudios realizados por la doctora Vicky Zonzini en Leganés sobre precariedad y envejecimiento urbano.
Parte de los problemas actuales, sostuvo Moreno, tienen su origen en el modelo funcionalista heredado de la Carta de Atenas de 1933. La separación de las ciudades en áreas diferenciadas para residir, trabajar, comprar o disfrutar del ocio terminó impulsando desplazamientos constantes y una fuerte dependencia del automóvil, con consecuencias sobre la contaminación, los atascos y el tiempo disponible para la vida familiar.
Como caso extremo mencionó Ulan Bator, en Mongolia, donde la rápida concentración de población ha alterado las formas tradicionales de vida y ha contribuido a convertirla en una de las capitales con mayores problemas de contaminación.
A este modelo urbano se añade la crisis de acceso a la vivienda. Recuperando los trabajos de Saskia Sassen sobre las «expulsiones urbanas», Moreno cuestionó que la vivienda se haya convertido en un activo especulativo en lugar de garantizarse como derecho humano. Este proceso, señaló, expulsa a numerosas familias hacia periferias con menos servicios y las obliga a depender del vehículo privado para desarrollar su vida cotidiana.
La longevidad añade nuevos retos. Kalache recordó que desde 2005 la mayoría de la población mundial vive en ciudades y recuperó los cuatro pilares del Marco de Envejecimiento Activo de la OMS de 2002: salud, aprendizaje a lo largo de toda la vida, participación y seguridad económica y habitacional. También reclamó una mayor formación de los profesionales sanitarios en gerontología y defendió que las personas mayores sean consideradas agentes activos de la sociedad y participen en las decisiones sobre los espacios donde viven.
La organización de las ciudades tampoco puede desligarse de quién cuida y en qué condiciones. María Ángeles Durán explicó la economía a partir de cuatro ámbitos interrelacionados —mercado, Estado, ONG y hogares— y recordó que entre el 80% y el 90% de la demanda de cuidados y atención a la salud en España se resuelve informalmente dentro de las familias.
Los datos expuestos durante el encuentro muestran la magnitud de este trabajo. Atender a un menor de tres años requiere alrededor de 17 horas diarias de cuidados familiares. Además, según el último estudio presentado por Durán, remunerar al salario mínimo interprofesional todo el tiempo que los hogares españoles dedican sin remuneración al cuidado de personas enfermas y dependientes exigiría recursos equivalentes al 12% del presupuesto consolidado del Estado. Si ese trabajo se valorase con el salario medio del mercado laboral, la cifra ascendería al 24%.
En términos laborales, equivaldría a unos cinco millones de personas trabajando a jornada completa sin cobrar, frente a una población activa de alrededor de 20 millones.
Con una longevidad que permite alcanzar cada vez con mayor frecuencia los 85 o 90 años, Durán y Kalache incidieron en la necesidad de redistribuir los cuidados y afrontar su profunda desigualdad de género. Las mujeres continúan asumiendo buena parte de estas tareas y existe, además, una elevada dependencia del trabajo de mujeres migrantes procedentes de países como Marruecos o Ecuador para cubrir la atención domiciliaria, en muchos casos en situaciones de vulnerabilidad.
Las conclusiones del encuentro apuntaron hacia la necesidad de construir un nuevo contrato social urbano. Moreno defendió el concepto de «proximidad feliz» y modelos como las ciudades de 15 o 30 minutos, en las que los servicios esenciales puedan encontrarse cerca del lugar de residencia.
Apoyándose en los planteamientos de la economista Mariana Mazzucato, cuestionó también la mercantilización de bienes y servicios esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad, y defendió que tanto el acceso a servicios próximos como a vivienda social se garanticen como derechos.
Kalache trasladó esta corresponsabilidad al terreno de los cuidados: «Así como hace falta toda la tribu para educar a un niño, hace falta toda la comunidad para cuidar a una persona mayor». El epidemiólogo reclamó además una mayor implicación de los hombres y un apoyo público suficiente para que la responsabilidad no recaiga exclusivamente en las familias.
El debate de la Fundación Cruz Roja Española dejó así una idea transversal: adaptar las ciudades a la transformación demográfica exige mucho más que eliminar barreras físicas. Supone abordar conjuntamente vivienda, movilidad, salud, cuidados, desigualdad y participación social.
Fanjul cerró la jornada recuperando una frase del exalcalde de Madrid Enrique Tierno Galván: «Todos tenemos una casa que es nuestro hogar privado y la ciudad que es nuestro hogar público». Convertir ese hogar público en un espacio verdaderamente habitable implica, según las reflexiones compartidas en el encuentro, avanzar hacia ciudades capaces de favorecer la equidad entre generaciones y garantizar tanto el derecho a cuidar como a recibir cuidados.
