El agua atraviesa prácticamente todas las dimensiones de la vida: sirve para beber, cocinar, asearse, limpiar, producir alimentos y mantener unas condiciones sanitarias adecuadas. Sin embargo, disponer de agua suficiente, segura, no contaminada y asequible continúa siendo una cuestión de derechos humanos y, al mismo tiempo, un factor determinante para la igualdad entre mujeres y hombres.
Según explica ONU Mujeres, las condiciones de acceso al agua y al saneamiento pueden influir directamente en cuestiones tan diversas como la escolarización de una niña, la seguridad de una mujer durante sus desplazamientos, las condiciones de un parto o la capacidad de una familia para disponer de alimentos. La crisis hídrica tiene, por tanto, una dimensión ambiental, pero también social y de género.
El derecho al agua está estrechamente relacionado con el derecho a un nivel de vida adecuado, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua potable segura y, posteriormente, en 2016, reconoció el saneamiento digno y seguro como un derecho diferenciado.
La incorporación de la perspectiva feminista ha permitido visibilizar que las dificultades de acceso no se distribuyen de manera neutral. ONU Mujeres recuerda que son ellas quienes frecuentemente asumen la tarea de conseguir agua para sus hogares, además de afrontar situaciones de acoso durante los desplazamientos hasta los puntos de abastecimiento o las letrinas públicas. A ello se añaden las barreras económicas y sociales vinculadas a la pobreza menstrual, una realidad presente tanto en contextos rurales como urbanos.
Esta cuestión ocupa un lugar específico dentro de la Agenda 2030. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) persigue garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. Su importancia también se refleja en iniciativas internacionales como el Día Mundial del Agua, la Semana Mundial del Agua, el Día Mundial del Retrete o el Día de la Higiene Menstrual.
En las políticas internacionales se utiliza habitualmente el concepto WASH, acrónimo en inglés de agua, saneamiento e higiene. Abarca el acceso a agua segura, suficiente y asequible; sistemas capaces de gestionar de manera segura los residuos humanos; y prácticas de higiene —desde el lavado de manos hasta la higiene menstrual— necesarias para proteger la salud, el bienestar y la dignidad.
Sin embargo, ONU Mujeres señala una carencia importante: la medición oficial de los progresos del ODS 6 no incorpora indicadores de género, en parte como consecuencia de la insuficiente integración de esta perspectiva en las políticas WASH. Sin información capaz de reflejar las experiencias específicas de mujeres y niñas, las desigualdades corren el riesgo de permanecer ocultas.
El problema adquiere mayor relevancia en un escenario de creciente presión sobre los recursos hídricos. El cambio climático, la degradación ambiental y el aumento de la demanda procedente de los sectores agrícola e industrial están profundizando una crisis mundial que también se ve agravada por una gestión deficiente y una planificación a corto plazo.
Una de las expresiones más evidentes de esta desigualdad aparece en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En numerosos hogares, conseguir el agua necesaria para beber, cocinar o limpiar sigue siendo responsabilidad de mujeres y niñas.
En siete de cada diez hogares sin agua corriente, son ellas quienes se encargan de recogerla. Un análisis realizado en los 53 países para los que existen datos muestra, además, que mujeres y niñas destinan a esta actividad tres veces más tiempo que hombres y niños.
La consecuencia no se limita al esfuerzo físico. Las horas destinadas a buscar agua reducen el tiempo disponible para estudiar, acceder a un empleo remunerado o descansar. Cuando los puntos de abastecimiento se encuentran alejados, los desplazamientos también pueden incrementar la exposición al acoso, las agresiones y la explotación.
De ahí que las inversiones en infraestructuras hídricas tengan una dimensión directamente relacionada con los derechos de las mujeres. Alcanzar el ODS 6 en 2030 requerirá, según los datos recogidos por ONU Mujeres, un billón de dólares anuales de financiación.
Las consecuencias de unas instalaciones deficientes también llegan a los sistemas sanitarios. Alrededor de un millón de madres y bebés mueren cada año debido a la falta de higiene durante el parto. El riesgo es especialmente elevado en países de ingresos bajos y medianos y en territorios afectados por conflictos, donde los centros sanitarios cuentan habitualmente con menos recursos.
Disponer de agua limpia, suficiente y de servicios adecuados de saneamiento permitiría prevenir muchas de estas muertes.
Los problemas sanitarios también se extienden a la vida cotidiana. Un saneamiento digno exige aseos o letrinas funcionales y seguros en hogares, escuelas y lugares de trabajo, con privacidad, puertas que puedan cerrarse y medios para lavarse las manos.
Para las mujeres y niñas, unas instalaciones inseguras, insuficientes o demasiado alejadas pueden incrementar la exposición al acoso y la violencia. La ausencia de saneamiento público puede, además, reducir su participación en los espacios comunitarios y en la vida pública.
Las necesidades se intensifican durante la menstruación y el embarazo. La ausencia de instalaciones adecuadas, la falta de conocimientos y el elevado precio o la escasa disponibilidad de productos de higiene menstrual contribuyen a mantener la denominada pobreza menstrual, especialmente en las zonas rurales.
Actualmente, 156 millones de niñas de entre 10 y 19 años carecen todavía de servicios básicos de higiene, una situación que compromete su salud, su dignidad y su educación. Durante la menstruación, las adolescentes también tienden a ausentarse más de la escuela o el trabajo y a reducir su participación en actividades sociales.
La crisis hídrica también puede profundizar las desigualdades a través de la alimentación. Cuando escasean el agua y los alimentos, las mujeres —que frecuentemente gestionan el agua, la comida y el combustible del hogar— deben dedicar más tiempo y recorrer mayores distancias para conseguirlos.
La imposibilidad de garantizar estos recursos básicos puede incluso desencadenar situaciones de violencia física dentro de las relaciones de pareja. Además, después de un desastre, durante los conflictos, en situaciones de pobreza o en determinados contextos marcados por normas tradicionales, mujeres y niñas pueden ser las últimas en comer o recibir menores cantidades de alimentos.
Por ello, cuando una sequía u otra situación de escasez de agua provoca inseguridad alimentaria, ellas registran mayores tasas de malnutrición.
La desigualdad también comienza en el propio sistema productivo. Las agricultoras tienen menor acceso a tierra, financiación e información y disponen de menos tiempo para cultivar debido a sus responsabilidades de cuidados. Incluso en países donde constituyen la mayoría de la mano de obra agrícola, producen entre un 20% y un 30% menos que los hombres. La escasez hídrica estrecha todavía más esos márgenes.
Los fenómenos extremos relacionados con el agua están adquiriendo una intensidad creciente como consecuencia del cambio climático impulsado por los combustibles fósiles, junto con ciclos naturales como El Niño y La Niña. Inundaciones y sequías reducen las reservas disponibles, interrumpen servicios, deterioran infraestructuras y agravan enfermedades, hambre, desplazamientos y conflictos.
Los desastres vinculados con el agua representan el 70% de las muertes derivadas de desastres. Para mujeres y niñas, además, existen evidencias de que estas situaciones incrementan el riesgo de sufrir violencia.
ONU Mujeres recoge ejemplos especialmente graves. Durante la sequía que afectó al Cuerno de África en 2022 y 2023, Somalia registró un incremento del 20% en los casos de violación y violencia de pareja, mientras que en Etiopía el matrimonio infantil llegó a multiplicarse casi por cuatro.
Otro estudio sobre los efectos de la sequía en Zimbabwe, Mozambique y Lesotho detectó un aumento del 46% de la violencia sexual, con especial incidencia entre las adolescentes. A ello se suma la presión futura sobre unos recursos ya limitados: el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) prevé que las reservas de agua de África Meridional disminuyan un 30% para 2050.
En este escenario ha comenzado a utilizarse el concepto de “bancarrota hídrica mundial” para describir una situación en la que numerosas regiones consumen, contaminan o degradan sus fuentes de agua a un ritmo superior al que permite su reposición mediante el ciclo natural.
La expresión busca trasladar el debate más allá de conceptos como “estrés hídrico” o “crisis hídrica” e impulsar una planificación capaz de considerar la sostenibilidad de los recursos a largo plazo.
Para ONU Mujeres, mejorar la información disponible constituye otra de las piezas fundamentales. Las estadísticas de género y los datos desglosados por sexo permiten identificar de manera objetiva cómo una misma crisis puede afectar de forma diferente a mujeres, hombres, niñas y niños.
Las políticas de agua, saneamiento e higiene más eficaces deberían incorporar análisis de género y datos diferenciados también por edad y discapacidad. Sin esa información resulta más difícil diseñar actuaciones que respondan a las distintas realidades y garantizar que nadie quede atrás en el cumplimiento del ODS 6.
La paradoja es que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión cotidiana del agua, pero siguen estando ampliamente infrarrepresentadas en los espacios públicos de liderazgo, planificación y gobernanza hídrica.
Las organizaciones lideradas por mujeres, incluidos los movimientos que defienden los derechos humanos y los derechos sobre el agua de las comunidades indígenas, acumulan conocimientos y experiencias relevantes para gestionar este recurso. En este sentido, ONU Mujeres defiende que una gobernanza hídrica feminista puede contribuir simultáneamente a mejorar el acceso, avanzar en igualdad y reforzar la sostenibilidad.
Para corregir estas desigualdades, ONU Mujeres plantea que las políticas de agua, saneamiento e higiene protejan los derechos humanos de las mujeres, especialmente durante conflictos y desastres; garanticen su participación plena e igualitaria en la toma de decisiones; y faciliten formación y financiación, con especial atención a las comunidades rurales y desatendidas.
La organización reclama igualmente políticas sustentadas en estadísticas de género y datos desglosados, así como el reconocimiento y la redistribución del trabajo doméstico, comunitario y de cuidados no remunerado, incluida la recogida de agua.
Entre las prioridades también figuran acercar las infraestructuras de agua y saneamiento a los hogares para disminuir la carga de trabajo, aumentar la seguridad y garantizar la privacidad; combatir los estigmas relacionados con la menstruación y la higiene personal; y gestionar los recursos hídricos de manera sostenible.
Garantizar el derecho al agua significa, en definitiva, mucho más que asegurar el abastecimiento. Supone abordar quién dedica su tiempo a conseguirla, quién queda expuesto cuando falta, quién participa en las decisiones sobre su gestión y quién asume las consecuencias de su escasez. Incorporar esas preguntas a las políticas hídricas será decisivo para construir sociedades más sostenibles e igualitarias.
