La temporada de incendios forestales de 2026 está dejando un balance devastador a ambos lados del Atlántico. Casi seis millones de hectáreas han quedado calcinadas entre Europa y América del Norte, una cifra que refleja la creciente intensidad de unos fenómenos que, lejos de ser excepcionales, se consolidan como una de las principales consecuencias del cambio climático, según alerta la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE-ONU).
Europa acumula ya más de 434.000 hectáreas quemadas desde el inicio del año. Francia ha sufrido algunos de los episodios más graves, con los incendios registrados en la región de Gironda, donde cerca de 42.000 hectáreas de pinares han sido arrasadas y decenas de miles de residentes y turistas han tenido que ser evacuados.
En España, la superficie afectada supera las 200.000 hectáreas, una cifra que duplica la media histórica anual. Mientras tanto, la Comisión Europea advierte de que el riesgo extremo de incendios continúa desplazándose hacia otros países mediterráneos como Grecia e Italia.
La situación es aún más preocupante en América del Norte. Estados Unidos ha perdido alrededor de 1,85 millones de hectáreas, mientras que Canadá registra aproximadamente 3,8 millones de hectáreas calcinadas y mantiene numerosos incendios de grandes dimensiones todavía fuera de control, según informa la CEPE-ONU.
Para la agencia de Naciones Unidas, la respuesta no puede limitarse a la extinción de los incendios una vez iniciados. La directora de la División de Medio Ambiente y Bosques de la CEPE-ONU, Paola Deda, sostiene que los incendios forestales se han convertido en una consecuencia cada vez más previsible del calentamiento global y defiende que la mayor oportunidad para reducir sus impactos pasa por reforzar la prevención, la gestión sostenible de los bosques y la construcción de territorios más resilientes.
El organismo recuerda que alrededor del 90% de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencias o por acciones deliberadas. En este contexto, considera prioritario reforzar la sensibilización ciudadana, endurecer las medidas preventivas durante los periodos de mayor riesgo y promover comportamientos responsables en los espacios naturales.
Además, la CEPE-ONU plantea una estrategia integral que combine evaluación de riesgos, vigilancia permanente, sistemas de detección temprana, capacidad de respuesta rápida y restauración de las zonas afectadas para reducir la vulnerabilidad de los bosques y de las comunidades que dependen de ellos.
El informe también pone el foco en la estrecha relación entre incendios y cambio climático. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas, las olas de calor y la alteración de los patrones de precipitación están ampliando la duración de las temporadas de incendios y extendiendo el riesgo hacia regiones que hasta hace pocos años apenas sufrían este tipo de episodios.
Al mismo tiempo, los propios incendios contribuyen a intensificar el calentamiento global. Según los datos recopilados por la agencia de Naciones Unidas, los incendios forestales liberaron aproximadamente 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) durante 2021.
La tendencia continúa agravándose. Entre 2001 y 2023, las emisiones globales asociadas a los incendios crecieron alrededor de un 60%, mientras que las registradas en los bosques boreales de Europa, América del Norte y Asia Central casi se triplicaron, reforzando un proceso de retroalimentación en el que el calentamiento favorece nuevos incendios y estos, a su vez, incrementan las emisiones responsables del cambio climático.
Las consecuencias van mucho más allá de la pérdida de masa forestal. Según destaca la CEPE-ONU, los incendios ponen en riesgo vidas humanas, destruyen viviendas e infraestructuras, obligan al desplazamiento de miles de personas y deterioran la calidad del aire incluso a cientos de kilómetros de distancia, aumentando la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
El impacto económico también resulta muy significativo. Solo en la Unión Europea, los incendios forestales generan pérdidas cercanas a los 2.500 millones de euros cada año como consecuencia de los daños materiales, las interrupciones de la actividad económica y el deterioro de los ecosistemas.
A ello se suman efectos que perduran durante años, como la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, la reducción de la productividad de los territorios y los elevados costes asociados a la restauración ambiental.
Frente a este escenario, Naciones Unidas considera que la innovación tecnológica puede desempeñar un papel decisivo en la prevención y respuesta frente a los incendios forestales.
Entre las herramientas que ya están contribuyendo a mejorar la gestión del riesgo destacan los sistemas de detección mediante inteligencia artificial, la vigilancia por satélite y la cartografía en tiempo real de las zonas más vulnerables. Estas soluciones permiten localizar los focos con mayor rapidez, acelerar las intervenciones y reducir la superficie afectada, aunque la organización insiste en que ninguna tecnología podrá sustituir a las políticas de prevención, adaptación climática y gestión forestal sostenible que resultan imprescindibles para reducir el riesgo a largo plazo.
