La Comisión Europea ha dado un paso para reforzar la dimensión social de la transición ecológica con la publicación de unas nuevas orientaciones destinadas a aclarar cómo pueden los Estados miembros utilizar las normas europeas sobre ayudas estatales para financiar inversiones y políticas sociales.
Según informa la Comisión Europea, el objetivo es ofrecer a las administraciones nacionales una herramienta práctica que facilite el diseño de programas públicos compatibles con la legislación comunitaria, al tiempo que se avanza hacia una economía climáticamente neutra sin comprometer la competencia en el mercado interior.
Se trata de la primera vez que la Comisión reúne en un único documento toda la información disponible sobre las posibilidades que ofrece el marco europeo de ayudas estatales para respaldar objetivos sociales.
Las nuevas orientaciones identifican distintos instrumentos que los Estados pueden utilizar para respaldar actuaciones con impacto social.
Entre ellos destacan las ayudas destinadas a financiar servicios de interés económico general, es decir, aquellos servicios que el mercado no garantiza por sí solo en condiciones adecuadas de calidad, seguridad, accesibilidad o igualdad de acceso. En este ámbito se incluyen, por ejemplo, la vivienda social y asequible o los servicios sanitarios.
El documento también contempla la posibilidad de conceder ayudas para favorecer la contratación de personas con discapacidad o en situación de desventaja, así como programas de formación y mejora de las capacidades profesionales de los trabajadores.
Otro de los ámbitos recogidos es el apoyo a los hogares para impulsar actuaciones de eficiencia energética, una medida que contribuye tanto a reducir el consumo energético como a acelerar la transición hacia una economía con emisiones climáticamente neutras.
Asimismo, las orientaciones recuerdan que determinadas ayudas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a empresas emergentes también pueden tener una importante dimensión social, especialmente cuando estas organizaciones encuentran dificultades para acceder a financiación, lo que limita tanto su desarrollo como la consecución de objetivos económicos y sociales de mayor alcance.
Según explica la Comisión Europea, el documento también aclara qué medidas de apoyo público no constituyen ayudas estatales y detalla qué tipos de ayudas pueden autorizarse conforme a la normativa vigente de la Unión Europea.
El propósito es ofrecer mayor seguridad jurídica a las administraciones nacionales a la hora de diseñar políticas públicas que combinen competitividad, cohesión social y sostenibilidad.
Además, Bruselas subraya que estas orientaciones tendrán carácter dinámico. La guía se actualizará conforme evolucione la normativa europea sobre ayudas estatales, incluyendo futuras modificaciones como la prevista revisión del Reglamento General de Exención por Categorías.
La publicación de estas orientaciones forma parte de las actuaciones previstas en el Pacto por una Industria Limpia, una iniciativa con la que la Comisión Europea pretende acelerar la descarbonización de la economía europea garantizando, al mismo tiempo, una transición justa.
Según la Comisión Europea, las inversiones y medidas de apoyo social son esenciales para alcanzar este objetivo, ya que permiten crear empleo de calidad, mejorar las competencias de la población y evitar que la transformación hacia una economía más sostenible deje atrás a personas o territorios.
El Ejecutivo comunitario recuerda, no obstante, que las ayudas públicas dirigidas a empresas —aunque persigan fines sociales como mejorar la cualificación de los trabajadores o ampliar la oferta de vivienda social— pueden constituir ayudas estatales capaces de alterar la competencia dentro del mercado único. Precisamente por ello están sujetas a las normas comunitarias, que buscan equilibrar el apoyo público con unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros.
