La Unión Europea quiere reforzar su dimensión social en un contexto marcado por la inflación, la transformación tecnológica y las crecientes brechas sociales. La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el marco que desde 2017 orienta las políticas comunitarias para garantizar empleo digno, igualdad de oportunidades y sistemas de protección social más sólidos.
Según informa la propia Comisión Europea, el documento confirma que este pilar seguirá siendo la referencia para construir una Europa "más justa, inclusiva y resiliente" ante los profundos cambios económicos, tecnológicos y demográficos que atraviesa el continente.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió que el modelo social europeo constituye "uno de los mayores puntos fuertes" de la Unión y aseguró que las instituciones comunitarias mantendrán su compromiso con la equidad, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.
Uno de los ejes centrales de la nueva estrategia es la pérdida de poder adquisitivo que siguen sufriendo millones de hogares europeos. La Comisión reconoce que el elevado precio de la vivienda, la energía y los bienes esenciales continúa afectando a una parte importante de la población y anuncia que seguirá impulsando políticas destinadas a reducir el riesgo de pobreza y garantizar el acceso a servicios básicos.
Entre las medidas destacadas figura el seguimiento de la aplicación de la Directiva europea sobre salarios mínimos adecuados, cuyo desarrollo ha contribuido, según la Comisión, a elevar los salarios mínimos en numerosos Estados miembros.
Además, Bruselas considera prioritario facilitar la incorporación al mercado laboral de personas que encuentran importantes barreras para acceder a un empleo, al entender que la inclusión laboral constituye una herramienta clave para combatir tanto la pobreza como la exclusión social.
Con ese objetivo, la Comisión ha iniciado una consulta con los interlocutores sociales europeos para estudiar nuevas actuaciones que favorezcan la activación laboral, respetando el reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros.
La Comunicación sitúa también a la inteligencia artificial entre los grandes retos sociales de la próxima década. El Ejecutivo comunitario considera que esta tecnología puede impulsar la innovación, la productividad y el aprendizaje, pero advierte de que también plantea interrogantes sobre el futuro del empleo, las competencias profesionales, la educación y la inclusión social.
Para anticipar estos cambios, la Comisión creará un grupo de alto nivel encargado de analizar el impacto de la inteligencia artificial en los mercados laborales europeos y de formular recomendaciones que permitan proteger los derechos de los trabajadores durante esta transición.
Desde una perspectiva de derechos humanos, diversos organismos internacionales vienen alertando de que la digitalización y la automatización deben ir acompañadas de garantías que eviten nuevas formas de desigualdad, discriminación o precarización laboral, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
El documento reconoce que, pese a los avances registrados en los últimos años, persisten importantes desigualdades que afectan a la cohesión social y territorial de la Unión Europea y limitan tanto la innovación como la sostenibilidad del modelo económico europeo.
En este contexto, la Comisión anuncia nuevas iniciativas orientadas a reforzar la igualdad de oportunidades. Entre ellas figuran el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para aplicar la Directiva sobre transparencia retributiva, el desarrollo de una futura iniciativa sobre el derecho de permanencia y la elaboración de una nueva Estrategia Europea para la Juventud más allá de 2027.
Asimismo, Bruselas prevé presentar antes de que finalice el año una futura Ley de Empleo de Calidad, acompañada de nuevos indicadores que permitan medir no solo la cantidad, sino también la calidad del trabajo en toda la Unión Europea.
El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en 2017, establece veinte principios destinados a garantizar condiciones laborales justas, igualdad de oportunidades y sistemas de protección social eficaces. Desde entonces ha servido de base para iniciativas como la Garantía Infantil Europea o la Directiva sobre salarios mínimos adecuados.
Posteriormente, en la Cumbre Social de Oporto de 2021, los Estados miembros fijaron objetivos comunes para 2030 en materia de empleo, formación y reducción de la pobreza.
Sin embargo, la nueva Comunicación llega en un momento en el que numerosas organizaciones sociales vienen reclamando que los compromisos europeos se traduzcan en recursos suficientes y en políticas capaces de responder a problemas estructurales como la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda o el aumento de la desigualdad. Desde una perspectiva de derechos humanos, el desafío no será únicamente mantener el modelo social europeo, sino garantizar que las transformaciones económicas y tecnológicas no dejen a nadie atrás, tal y como sostiene la Comisión Europea en esta nueva hoja de ruta.
