Según ha trasladado la propia Plataforma del Tercer Sector, el proyecto de ley será debatido este jueves en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, después de cerca de diez meses de tramitación parlamentaria. El texto incorpora parte de las enmiendas registradas por los grupos y, si supera esta fase, continuará su recorrido legislativo hasta su aprobación definitiva.
La entidad se suma así a la petición formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una de las organizaciones que integran la plataforma y una de las principales voces del movimiento social de la discapacidad en España. Ambas organizaciones consideran que esta reforma abre una oportunidad para actualizar la normativa y alinearla con un enfoque más garantista, inclusivo y respetuoso con los derechos humanos.
La iniciativa legislativa desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, y busca trasladar ese mandato al ordenamiento jurídico. El objetivo, de acuerdo con la información difundida por la Plataforma del Tercer Sector, es avanzar en la protección de derechos, la inclusión social y la autonomía personal de las personas con discapacidad, así como en la mejora del sistema de atención a la dependencia.
En este contexto, la Plataforma del Tercer Sector ha pedido a las fuerzas políticas que preserven el clima de acuerdo que hizo posible la reforma constitucional y que ahora, a su juicio, debería facilitar también la aprobación de esta ley. La organización ha subrayado además el papel desempeñado por el CERMI en el impulso de la reforma y en la defensa de un marco normativo más sólido para las personas con discapacidad.
La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal creada en 2012 para reforzar la voz común del sector social en España. Está integrada por algunas de las principales entidades del ámbito social, entre ellas la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, EAPN-ES, CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas, ONCE, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma de Infancia, además de once plataformas y mesas territoriales. Su actividad se centra en la defensa de los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, con especial atención a las personas en situación de pobreza o exclusión.
