Cada siete años, la Unión Europea decide hacia dónde orienta sus grandes prioridades mediante el Marco Financiero Plurianual. En la propuesta para el periodo 2028-2035, presentada por la Comisión Europea en 2025, el presupuesto comunitario alcanza más de dos billones de euros, el mayor de la historia de los veintisiete. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico, marcado por la seguridad, la defensa y la competitividad económica, ha encendido las alarmas en el tercer sector.
Según informa Acción contra el Hambre, la reestructuración planteada podría erosionar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la principal herramienta comunitaria para promover la inclusión, el empleo y la lucha contra la pobreza. La entidad advierte de que integrar este fondo en grandes planes nacionales y regionales supondría diluir su autonomía, reducir su enfoque social específico y debilitar un modelo europeo común de protección de derechos.
La propuesta contempla tres grandes bloques presupuestarios: los Planes de Asociación Nacionales y Regionales, donde quedaría integrado el actual FSE+; un fondo de competitividad vinculado a digitalización, defensa y transición verde; y otros programas europeos como Erasmus+ o las herramientas de participación ciudadana.
Para Acción contra el Hambre, este cambio no es meramente técnico. La organización sostiene que podría dejar la inversión social más expuesta a intereses políticos nacionales y ciclos electorales, reduciendo las garantías compartidas en toda la Unión Europea. Además, alerta de que el presupuesto del FSE+ pasaría de 142.700 millones de euros en el periodo 2021-2027 a 121.000 millones entre 2028 y 2035.
La entidad recuerda que más de 93 millones de personas en Europa están en riesgo de pobreza o exclusión social y defiende que el FSE+ no es solo una partida presupuestaria, sino uno de los pilares del modelo social europeo. En España, gracias a este fondo, Acción contra el Hambre ha desarrollado programas de empleo, emprendimiento y acompañamiento que han llegado a más de 50.000 personas, entre ellas jóvenes, personas desempleadas de larga duración, familias vulnerables, mujeres, personas migrantes y mayores de 50 años.
“El Fondo Social Europeo forma parte de la raíz del proyecto europeo: poner a las personas en el centro. Europa no puede renunciar a aquello que la define como modelo político y social”, señalan desde la organización.
La ONG también subraya que las entidades sociales aportan conocimiento técnico, cercanía y capacidad de adaptación para trabajar con quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Por ello, considera que apartarlas de la gestión directa de estos fondos podría reducir la eficacia de las políticas de inclusión precisamente donde más se necesitan.
Las negociaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo continuarán hasta finales de 2026. De su resultado dependerá el lugar que ocuparán la inclusión social, la lucha contra la pobreza y la garantía de derechos en la Europa de la próxima década.
