España ha dado pasos significativos en la reducción de su huella de carbono en las últimas décadas, aunque no todos los territorios avanzan al mismo ritmo. Según un informe reciente de BBVA Research, la economía española ha conseguido reducir a la mitad la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero desde mediados de los años noventa, impulsada por el despliegue de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la transformación del tejido productivo.
El estudio pone de relieve que este proceso ha permitido desvincular, en parte, el crecimiento económico de las emisiones contaminantes. En términos agregados, el país ha duplicado su eficiencia ambiental, logrando generar el doble de producción con un volumen similar de emisiones. Además, las emisiones por habitante se sitúan actualmente por debajo de las de economías como Alemania, Canadá o Estados Unidos, y en niveles cercanos a los de Francia y Reino Unido.
Sin embargo, según informa BBVA Research, las emisiones siguen concentrándose de forma muy acusada en determinados sectores. La industria, la energía, el transporte y la agricultura son responsables de cerca del 90% de las emisiones totales —sin incluir los hogares— pese a representar aproximadamente una cuarta parte del valor añadido bruto. Esta desproporción evidencia que existe margen para reducir emisiones en los sectores más intensivos en carbono sin comprometer el crecimiento económico.
Entre 2019 y 2024, todas las comunidades autónomas lograron disminuir sus emisiones, aunque mediante estrategias y resultados desiguales. En algunos territorios, la mejora ha estado vinculada principalmente a avances en eficiencia energética o a una menor intensidad eléctrica, mientras que en otros ha sido clave la transformación del mix energético y el aumento del peso de las renovables.
El informe atribuye estas divergencias a factores estructurales como la composición del tejido productivo, el grado de electrificación, el peso del sector energético o la velocidad de adopción tecnológica en cada comunidad autónoma. Para profundizar en este análisis, BBVA Research compara las emisiones reales con unas emisiones “sintéticas” calculadas a partir de la estructura económica regional y las intensidades medias nacionales por sector.
Esta metodología permite identificar qué parte de las diferencias responde a la especialización productiva y cuál se debe a cuestiones como la eficiencia o el desarrollo tecnológico. A partir de este enfoque, el estudio destaca que comunidades como Cataluña y el País Vasco presentan un comportamiento más favorable, con niveles de emisiones inferiores a los que cabría esperar por su estructura económica. En cambio, regiones como Asturias, Canarias o Baleares enfrentan mayores retos, en gran medida por su dependencia de combustibles fósiles o por la presencia de actividades más intensivas en carbono.
El análisis profundiza en los casos de Cataluña, el País Vasco y Asturias como ejemplos de trayectorias diferenciadas. Cataluña muestra una reducción sostenida de la intensidad de emisiones, apoyada en la modernización industrial y una economía diversificada, aunque aún afronta desafíos en electrificación y despliegue de tecnologías limpias.
Por su parte, el País Vasco combina su tradición industrial con avances en innovación y eficiencia energética, lo que ha favorecido su proceso de descarbonización. Asturias, en cambio, ha logrado recortar de forma notable sus emisiones, pero continúa condicionada por su histórica especialización en actividades altamente intensivas en carbono, lo que la sitúa todavía por encima de la media nacional.
El informe también subraya el papel de las políticas públicas y las estrategias regionales en ámbitos como las energías renovables, la electrificación o la eficiencia energética, que influyen directamente en la velocidad de la transición ecológica. Según BBVA Research, esta diversidad territorial puede generar riesgos de fragmentación, pero también abre la puerta a una especialización complementaria entre regiones si existe una adecuada coordinación.
En este sentido, el servicio de estudios destaca que el cumplimiento de los objetivos climáticos dependerá de una correcta articulación entre las políticas europeas, estatales y autonómicas, con el objetivo de avanzar en la descarbonización sin perder competitividad ni cohesión territorial.
