La organización Amnistía Internacional ha lanzado una advertencia contundente sobre el momento crítico que atraviesan los derechos humanos a nivel global. Con motivo de la publicación de su informe anual, la entidad denuncia una ofensiva creciente por parte de gobiernos, corporaciones y movimientos antiderechos que amenaza con desmantelar el sistema internacional basado en normas y derechos fundamentales, según recoge su último análisis .
El informe señala que el año 2025 estuvo marcado por un incremento de políticas y prácticas que socavan los derechos humanos y debilitan el multilateralismo. Según la organización, no se trata ya de una erosión progresiva, sino de un “ataque directo” a los pilares que sostienen el orden internacional. En palabras de su secretaria general, Agnès Callamard, la comunidad internacional se enfrenta a “uno de los momentos más difíciles de nuestra época”, con actores poderosos que buscan imponer un modelo global basado en la desigualdad, el autoritarismo y la impunidad .
El documento recoge una amplia lista de conflictos y actuaciones que vulneran el derecho internacional. Entre ellos, denuncia la continuidad de la violencia contra la población civil en distintos escenarios, así como el uso ilegítimo de la fuerza y ataques contra infraestructuras esenciales que agravan el sufrimiento humano.
Además, advierte de las consecuencias ambientales y sociales de estas dinámicas, señalando que los conflictos actuales no solo destruyen vidas, sino que comprometen el acceso a recursos básicos como el agua, la energía o la alimentación, en un contexto ya marcado por la crisis climática.
Otro de los ejes centrales del informe es el deterioro del espacio cívico. En numerosos países, se han intensificado las restricciones a la libertad de expresión, la protesta pacífica y la labor de las organizaciones sociales. La criminalización de la disidencia, el uso de tecnologías de vigilancia y la represión de manifestaciones se han convertido en prácticas cada vez más extendidas.
A esto se suma la reducción de la ayuda internacional por parte de varios Estados, una medida que, según la organización, puede tener consecuencias devastadoras para millones de personas, especialmente en ámbitos clave como la salud, la igualdad de género o la resiliencia climática .
El informe también critica la falta de respuesta firme por parte de muchos gobiernos frente a estas vulneraciones. En particular, señala una tendencia a la inacción o al “apaciguamiento” que contribuye a debilitar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
En este contexto, la organización subraya que el sistema multilateral —construido durante décadas para garantizar derechos universales— está siendo cuestionado no por su ineficacia, sino porque limita los intereses de determinados actores de poder.
Pese al escenario adverso, el informe destaca el papel clave de la ciudadanía, los movimientos sociales y algunos Estados en la defensa de los derechos humanos. Desde movilizaciones masivas hasta iniciativas legales internacionales, se están generando respuestas que buscan frenar esta deriva y fortalecer la justicia global.
Según recoge la organización, estas acciones demuestran que existe una base sólida para reconstruir un sistema más justo, siempre que se refuerce la cooperación internacional y el compromiso político.
En su conclusión, Amnistía Internacional insta a los Estados a abandonar la pasividad y adoptar medidas concretas para proteger los derechos humanos, fortalecer el derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas. El informe advierte que el rumbo actual no solo pone en peligro los avances logrados en las últimas décadas, sino también el futuro de las próximas generaciones. Frente a ello, la organización hace un llamamiento a la acción colectiva para defender un modelo global basado en la justicia, la igualdad y la dignidad humana
