Las emergencias climáticas ya no son episodios puntuales en España, sino una realidad recurrente que afecta de forma directa a millones de personas. En este contexto, la infancia emerge como uno de los colectivos más expuestos y, al mismo tiempo, más invisibilizados en las políticas públicas.
De acuerdo con el informe Contar con la infancia es una emergencia, elaborado por UNICEF España, los sistemas de gestión del riesgo siguen sin integrar adecuadamente a niños, niñas y adolescentes, ni en la normativa ni en la práctica. Esta ausencia implica una clara brecha en la garantía de sus derechos en situaciones de crisis.
Los datos muestran un escenario cada vez más preocupante. España registra actualmente más días de calor extremo al año y cientos de miles de menores viven en zonas con riesgo de inundación. A esto se suma que millones de niños y niñas habitan en áreas donde las olas de calor se han intensificado significativamente en las últimas décadas.
Además, la mayoría de la infancia en el país está expuesta al menos a un fenómeno climático extremo cada año, como sequías, incendios o inundaciones. Este aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos, vinculado al cambio climático, incrementa su vulnerabilidad y evidencia la falta de adaptación de los sistemas de protección.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la situación plantea un desafío urgente: la ausencia de un enfoque específico en infancia dentro de las políticas climáticas y de gestión de emergencias.
Tal y como señala UNICEF España, episodios recientes como la DANA de 2024 o los incendios de 2025 han puesto de manifiesto fallos estructurales en la prevención y respuesta institucional. La falta de protocolos específicos, la escasa preparación de los entornos escolares y la ausencia de medidas adaptadas a la infancia reflejan una planificación insuficiente.
Este déficit no solo afecta a la seguridad física, sino también al bienestar emocional. La interrupción de la escolarización, la pérdida de espacios seguros y el impacto psicológico de las emergencias tienen consecuencias duraderas en niños, niñas y adolescentes.
Además, el sistema actual no contempla de manera adecuada la diversidad dentro de la infancia, especialmente en el caso de menores con discapacidad, lo que agrava aún más las desigualdades en contextos de crisis.
El informe también recoge la voz de niños, niñas y adolescentes, que reclaman participar en la gestión de las emergencias y ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Sus demandas incluyen garantizar la continuidad educativa, recuperar la normalidad lo antes posible y contar con espacios seguros donde desarrollarse. Esta reivindicación pone de relieve una cuestión clave: la participación infantil no es un elemento accesorio, sino un derecho fundamental que sigue sin materializarse en las políticas públicas.
Ante este panorama, UNICEF España plantea la necesidad de integrar a la infancia en todas las fases de la gestión de emergencias: prevención, preparación, respuesta y recuperación. Entre las propuestas, se incluye el desarrollo de sistemas de análisis de riesgos con enfoque en infancia, la incorporación de protocolos específicos en centros educativos y la creación de mecanismos que garanticen la continuidad educativa durante las crisis.
Asimismo, se subraya la importancia de asegurar refugios seguros, apoyo psicosocial y espacios adaptados, así como de mejorar la accesibilidad de los sistemas de alerta.
Desde una perspectiva crítica, estas recomendaciones evidencian que la actual falta de planificación no es solo una cuestión técnica, sino una carencia en la incorporación efectiva de los derechos de la infancia en las políticas públicas.
La crisis climática está redefiniendo los riesgos sociales, pero las respuestas institucionales no avanzan al mismo ritmo. La invisibilización de la infancia en la gestión de emergencias refleja una desconexión entre el discurso político y la realidad.
Tal y como advierte UNICEF España, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes no puede seguir siendo una cuestión secundaria. Incorporar su perspectiva no solo mejora la eficacia de las políticas, sino que responde a una obligación fundamental en materia de derechos humanos.
