El Gobierno ha aprobado la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 26-30), a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El documento incluye 13 medidas estructurales orientadas a consolidar los avances logrados en el periodo 2019-2024 y a avanzar hacia un modelo basado en la equidad energética.
Según informa el propio MITECO, la nueva hoja de ruta pretende garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, entendida como un derecho básico y una condición imprescindible para una vida digna.
Antes de avanzar, es preciso aclarar qué es la pobreza energética. Se trata de un fenómeno que se produce cuando un hogar no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada o no puede hacer frente a los costes básicos de electricidad, gas u otros suministros energéticos. Esto puede deberse a bajos ingresos, precios elevados de la energía o viviendas poco eficientes desde el punto de vista térmico. Más allá de una cuestión económica, la pobreza energética tiene un impacto directo en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente en colectivos vulnerables como mayores, infancia o personas electrodependientes. En el contexto de la transición ecológica, abordarla implica combinar justicia social y descarbonización.
Uno de los datos más relevantes que destaca el Ministerio es la reducción de la carga energética en los últimos años. Desde 2018, el porcentaje de ingresos destinado a pagar la energía en un hogar medio ha descendido un 3,5%, pasando de 1.111 euros anuales a 1.072 euros en términos corrientes.
En el caso de los hogares con menores rentas, la reducción ha sido mucho más significativa: un 24,7% menos en el mismo periodo. Según el MITECO, estos resultados se explican tanto por la aplicación de la anterior Estrategia 2019-2024 como por medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, como el denominado Mecanismo Ibérico, la rebaja fiscal o el refuerzo del bono social eléctrico, que llegó a cubrir hasta el 80% de la factura en los casos más vulnerables.
Además, la cobertura del bono social ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares beneficiarios a 1,72 millones en la actualidad.
Uno de los cambios más relevantes de la nueva Estrategia será la adaptación de la normativa de acceso al bono social eléctrico —y, por extensión, al bono social térmico— para vincularlo de forma más precisa a la renta real de los hogares. El objetivo es cerrar brechas de cobertura: que accedan quienes realmente lo necesitan y evitar que lo reciban hogares con rentas elevadas.
Dentro del eje de protección al consumidor, la ENPE 26-30 contempla medidas para facilitar el acceso a los potenciales beneficiarios y reforzar sus garantías. Entre ellas, la eliminación de penalizaciones por permanencia si el consumidor contrata el PVPC con bono social, mayor protección frente a refacturaciones y la exigencia de constancia escrita cuando se quiera abandonar el PVPC con bono social.
Varias de estas disposiciones ya se han incorporado al Real Decreto 88/2026, que aprueba el nuevo reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica.
El tercer eje de la Estrategia pone el foco en las soluciones estructurales, especialmente en la rehabilitación energética de viviendas ocupadas por familias vulnerables. Se prevén ayudas directas y proyectos piloto de intervención rápida en edificios residenciales y espacios comunitarios.
En este ámbito, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante la vigencia de la Estrategia, según los datos publicados por el Ministerio.
También se reforzará el papel de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) con la creación de un “CAE social”. Se estudia aplicar factores multiplicadores que aumenten el valor del ahorro generado en intervenciones dirigidas a hogares vulnerables, incentivando mejoras en climatización y aislamiento térmico. El objetivo es que al menos el 12% del ahorro total del sistema CAE proceda de actuaciones en estos hogares.
La inclusión de consumidores vulnerables en comunidades energéticas y el desarrollo de refugios climáticos frente a olas de calor y frío forman parte igualmente de este eje, alineado con las políticas de adaptación al cambio climático.
La nueva Estrategia se articula en torno a cuatro grandes ejes, entre ellos la mejora del conocimiento y la coordinación administrativa. Para ello, se creará un Observatorio de la pobreza energética con visibilidad en la web del MITECO, destinado a centralizar datos, fomentar el intercambio técnico y facilitar la toma de decisiones públicas.
Además, se pondrá en marcha la Red-Actúa, una red de puntos de asesoramiento energético especializados en situaciones de vulnerabilidad. Según el Ministerio, se ha constatado que allí donde existen Oficinas de Transformación Comunitaria o puntos similares, aumentan las solicitudes de bono social. Por ello, se ofrecerá formación y apoyo económico a entidades y administraciones para reforzar estos servicios. La Estrategia también prevé implicar al sistema sanitario y a los servicios sociales en la detección temprana de situaciones de pobreza energética.
La ENPE 2026-2030 nace tras un proceso participativo con entidades sociales, el ámbito académico y el sector empresarial, e incorpora la experiencia acumulada durante años marcados por crisis sanitarias y energéticas.
El reto ahora será convertir estas medidas en transformaciones reales y duraderas. En un contexto de transición ecológica, garantizar el derecho a la energía no es solo una cuestión económica: es una pieza clave para avanzar hacia un modelo energético más justo, resiliente y alineado con la emergencia climática.
