España cerró 2024 con un crecimiento del PIB del 3,5%, uno de los más elevados de su entorno europeo. Sin embargo, este dinamismo macroeconómico no ha tenido un reflejo equivalente en la reducción de la pobreza. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de pobreza apenas descendió dos décimas, del 19,7% al 19,5%, lo que implica que más de 9,5 millones de personas continúan viviendo en situación de pobreza en el país.
Los indicadores de desigualdad muestran, sobre el papel, una evolución positiva. El índice de Gini y la ratio S80/S20 —que mide la brecha entre los hogares con mayores y menores ingresos— se sitúan por debajo de los niveles previos a la crisis financiera de 2008. Este avance se explica, en gran medida, por el mayor crecimiento de las rentas más bajas, que aumentaron un 8,3% en el último año, impulsadas por medidas como la subida del salario mínimo, el refuerzo de las pensiones mínimas y las políticas de protección social, según datos oficiales del INE.
No obstante, esta mejora en los indicadores de desigualdad no se traduce en una reducción sustancial de la pobreza ni del riesgo de exclusión social. La tasa AROPE apenas se redujo una décima, del 25,8% al 25,7%, en un contexto de fuerte crecimiento económico. “Esta brecha entre el progreso macroeconómico y la reducción de la pobreza evidencia que la pobreza se está cronificando en España”, advierte Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social en Oxfam Intermón. “Al ritmo actual, harían falta décadas para erradicar una precariedad que ya afecta a una de cada cinco personas”.
La cronificación de la pobreza se refleja en carencias materiales cada vez más extendidas. La encuesta Vivir la desigualdad 2025 de Oxfam Intermón muestra cómo muchas familias ajustan de forma permanente su consumo básico, recurren al endeudamiento o renuncian a derechos esenciales como la salud o la educación para poder llegar a fin de mes. Esta vulnerabilidad, que ya no se limita a los hogares en pobreza severa, se expande hacia amplias capas de las clases medias.
Aunque la carencia material severa descendió ligeramente, del 8% al 7,6%, aumentan las dificultades en aspectos básicos de la vida cotidiana. El 31,6% de la población sufre carencias en al menos dos dimensiones esenciales; una de cada tres personas no puede permitirse una semana de vacaciones al año y el 16% se encuentra en situación de pobreza energética, sin capacidad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La dificultad más extendida sigue siendo afrontar gastos imprevistos, una situación que afecta ya al 36,4% de la población.
La vivienda emerge como el principal factor que bloquea cualquier mejora del bienestar. Mientras los indicadores agregados mejoran levemente, la situación empeora de forma clara entre quienes viven de alquiler a precio de mercado. La tasa de pobreza entre personas inquilinas aumentó hasta el 32,6% y el riesgo de exclusión social superó el 43%. En contraste, entre quienes acceden a alquiler social estas tasas sí se reducen, lo que refuerza el papel clave de las políticas públicas en la protección del derecho a la vivienda.
“La evidencia demuestra que las políticas sociales funcionan, pero también que los salarios no crecen al ritmo del coste de la vida y que la vivienda se ha convertido en el principal motor de precariedad”, subraya García-Gil. “Dejar el acceso a la vivienda en manos del mercado está ampliando las brechas sociales y empujando a más hogares hacia la pobreza”.
Desde Oxfam Intermón insisten en que el crecimiento económico y del empleo debe ir acompañado de una ampliación ambiciosa del sistema de protección social. Entre las medidas urgentes, la organización reclama la aprobación del Real Decreto del Escudo Social y la puesta en marcha de una prestación universal a la infancia, una política que permitiría reducir la pobreza estructural y aliviar la presión económica que soportan cada vez más hogares. “Solo con políticas públicas que sitúen los derechos en el centro se logrará que la mejora económica se traduzca en una reducción real de la pobreza y la desigualdad”, concluye García-Gil.
