La contaminación por PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) vuelve al centro del debate europeo. Un estudio reciente, basado en datos actualizados y una metodología mejorada, cuantifica por primera vez de forma conservadora los costes sociales, sanitarios y ambientales de estos compuestos, conocidos como químicos eternos por su extrema persistencia.
El análisis confirma que los impactos no se limitan a la salud humana —enfermedades asociadas a la exposición—, sino que se extienden a la degradación de suelos y aguas, a la costosa descontaminación de espacios afectados y a la alteración de procesos ecológicos clave, como la polinización. Todo ello acaba repercutiendo en el conjunto de la ciudadanía.
El estudio advierte de que la estimación de costes sanitarios solo incluye un número reducido de PFAS ya regulados, pese a que existen miles de estas sustancias en el mercado. Por tanto, el impacto real podría ser significativamente mayor.
Si los niveles actuales de contaminación se mantienen sin nuevas acciones regulatorias, el coste acumulado hasta 2050 rondaría los 440.000 millones de euros. En cambio, frenar las emisiones en origen antes de 2040 permitiría ahorrar unos 110.000 millones, mientras que limitarse a tratar el agua contaminada superaría el billón de euros.
Dado que los PFAS permanecen durante décadas en el organismo y en el medio ambiente incluso tras cesar las emisiones, el informe insiste en que la acción temprana es clave para reducir daños a largo plazo.
El trabajo identifica como colectivos especialmente vulnerables a recién nacidos, infancia, personas que viven cerca de focos contaminados y trabajadores expuestos. Desde una perspectiva crítica, el informe refuerza la necesidad de integrar la justicia ambiental y la protección de la salud pública en las decisiones industriales y regulatorias, evitando trasladar los costes a las comunidades más expuestas.
La Comisión Europea ha reiterado su compromiso de proteger a estos grupos y de evitar consecuencias sociales más amplias, manteniendo al mismo tiempo un enfoque equilibrado mientras se desarrollan alternativas seguras a los PFAS en aplicaciones industriales clave.
En palabras de Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia del Agua y Economía Competitiva:
“Aportar claridad sobre los PFAS, con prohibiciones en los usos de consumo, es una prioridad absoluta tanto para la ciudadanía como para las empresas. Los consumidores están preocupados, y con razón. Este estudio subraya la urgencia de actuar”.
Las conclusiones del informe alimentarán los debates europeos sobre descontaminación, reducción de emisiones en origen, vigilancia y necesidades de investigación. La UE ya ha avanzado en este terreno con la prohibición de los PFAS más dañinos —como PFOS, PFOA y PFHxS— y, más recientemente, con el veto en 2024 del PFHxA en productos como textiles de consumo, envases alimentarios y cosméticos. En 2025, además, se introdujeron prohibiciones progresivas de PFAS en espumas contra incendios, uno de los principales focos de emisión.
A ello se suma la obligación, bajo la Directiva de Agua Potable revisada, de vigilar los niveles de PFAS en el agua de consumo en todos los Estados miembros. En paralelo, la European Chemicals Agency evalúa una restricción universal de PFAS, cuyo dictamen se espera para finales de 2026 y servirá de base a una nueva propuesta de la European Commission.
Más allá de la regulación, el Plan de Acción de la Industria Química, adoptado en julio de 2025, plantea medidas para acelerar la transición away de los PFAS, junto con un marco europeo de seguimiento y un diálogo multiactor para abordar de forma integral este desafío.
