La violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves y persistentes en América Latina y el Caribe. Según una nueva investigación de la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más de 53.000 menores fueron asesinados en la región en apenas siete años, entre 2015 y 2022.
Así lo recoge el informe Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: nuevos datos y soluciones, que cifra en 53.318 las muertes violentas de personas menores de 18 años en ese periodo. Un dato que confirma que la violencia letal sigue siendo una amenaza estructural para la infancia y la adolescencia, especialmente en contextos marcados por profundas desigualdades sociales.
El estudio alerta además de un repunte especialmente preocupante entre las mujeres jóvenes. Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios en este grupo se duplicó hasta alcanzar cinco muertes por cada 100.000 habitantes. En el caso de los adolescentes varones, aunque la tasa descendió de 17 a 10 muertes por cada 100.000, sigue situándose en niveles muy elevados.
Las agencias señalan que estas cifras están estrechamente vinculadas al crimen organizado, la circulación de armas de fuego, la exclusión social y la persistencia de normas de género que normalizan la violencia. Factores que, combinados, generan entornos especialmente hostiles para el desarrollo de niños y jóvenes.
Más allá de los homicidios, el informe pone el foco en una violencia mucho más extendida y menos visible. Seis de cada diez menores de hasta 14 años sufren algún tipo de castigo violento en el ámbito familiar, mientras que una de cada cuatro adolescentes declara haber vivido situaciones de acoso escolar. A ello se suma el aumento de los abusos en entornos digitales, una dimensión cada vez más relevante en la vulneración de derechos de la infancia.
“La violencia no se limita a un único espacio: atraviesa el hogar, la escuela, la comunidad y también el mundo digital”, subraya el director regional de UNICEF, Roberto Benes, quien insiste en que esta realidad puede revertirse con políticas públicas coherentes y sostenidas en el tiempo.
Desde la OPS, su director Jarbas Barbosa destaca el rol estratégico de los sistemas de salud para detectar de forma temprana situaciones de riesgo y ofrecer apoyo oportuno a las víctimas. Ambos organismos coinciden en que la respuesta debe ser integral y basada en evidencias.
Entre las principales recomendaciones del informe figuran el refuerzo de las leyes de protección de la infancia, el control efectivo del acceso a armas de fuego, la formación específica de docentes, fuerzas de seguridad y personal sanitario, así como el apoyo a madres, padres y cuidadores. También se plantea la necesidad de invertir en entornos educativos seguros y ampliar los servicios de atención y respuesta frente a la violencia.
El documento fue validado en una consulta ministerial regional celebrada en octubre de 2025, en la que participaron más de 300 responsables públicos, representantes de organizaciones sociales y colectivos juveniles. El objetivo: consensuar medidas concretas para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir libres de violencia en toda la región.
