El sistema universitario público español vive un momento paradójico: mientras la transparencia formal alcanza números inéditos, los mecanismos de buen gobierno permanecen prácticamente congelados. Según detalla la Fundación Haz en su informe Examen de Transparencia 2025 —publicado en hazfundacion.org— el 96% de las universidades ya cumple los estándares de publicación de información, una cifra que rozaría el 100% si la Universidad de La Laguna y la Universidad del País Vasco actualizasen su auditoría externa, el único requisito que las mantiene en la categoría de “Translúcidas”.
Esta foto fija, sin embargo, esconde un problema de fondo. El estudio muestra un desempeño impecable en la información vinculada a la gestión diaria —personal, datos económicos o resultados académicos— pero también un retroceso notable en ámbitos decisivos como la supervisión del gobierno interno. Las áreas relativas al consejo social (57% de cumplimiento) y a los sistemas de integridad y cumplimiento normativo (47%) se sitúan como las más débiles del conjunto.
Uno de los puntos más llamativos del análisis es el escaso avance en la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Según la Fundación Haz, ninguna de las 49 universidades evaluadas ha designado todavía a la figura del responsable de compliance, obligatoria por ley para reforzar el control interno. Además, solo 16 universidades someten a evaluación el funcionamiento de su consejo social, un indicador que el informe señala como síntoma de una pobre cultura de evaluación crítica.
También quedan lagunas en materia de integridad. Aunque el 84% de las universidades publica su código ético, casi la mitad (41%) reduce sus canales éticos a un simple buzón de denuncias, una herramienta insuficiente para resolver consultas o dudas preventivas por parte de la comunidad universitaria.
Para Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz y coautor del estudio, el sistema ha llegado al límite del modelo actual: “Superada la fase de la cantidad de información, el gran desafío reside ahora en la calidad del gobierno”, explica. En su opinión, el alto grado de cumplimiento demuestra que los estándares vigentes ya no impulsan mejoras reales: “Para que este informe siga siendo útil y no un mero trámite, es necesario subir el listón”. La entidad ha anunciado que revisará y endurecerá sus indicadores para la edición de 2026 con el fin de dinamizar la mejora continua en gobernanza universitaria.
Pese a las carencias detectadas, 18 universidades han logrado este año el sello t de transparente en su categoría más alta, que distingue a las instituciones que superan el 90% de los 31 indicadores analizados. Entre ellas figuran, entre otras, las universidades de Alcalá, Alicante, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla-La Mancha, Granada, Jaén, León, Málaga, Murcia, Salamanca, Valladolid, Vigo, Pública de Navarra, Rey Juan Carlos, Politècnica de Catalunya y Pompeu Fabra.
El sello certifica el cumplimiento de diez áreas que van desde información económica y planes estratégicos hasta oferta académica, políticas de personal o resultados institucionales, siempre con el foco puesto en que la información sea actual, accesible y verificable.
Con un sistema cada vez más transparente en lo formal, el reto ahora —según subraya la Fundación Haz— es que esta apertura venga acompañada de un verdadero salto cualitativo en control, supervisión y rendición de cuentas. El próximo examen, en 2026, tendrá un listón más alto.
