Tal y como informa Oxfam Intermón, el patrimonio conjunto de los ultrarricos del G20 ha pasado de 13,4 a 15,6 billones de dólares, un crecimiento del 16,5 % que evidencia —una vez más— la acelerada concentración de riqueza global. A pesar de ello, solo ocho céntimos de cada dólar recaudado en estos países provienen de impuestos sobre grandes patrimonios.
Este record histórico se conoce en vísperas de una cumbre en la que Sudáfrica, que ejerce la presidencia, ha situado la lucha contra la desigualdad como prioridad política. El presidente Cyril Ramaphosa ha impulsado además el primer informe del G20 sobre desigualdad global, elaborado por un comité independiente presidido por el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz.
El informe —que el propio Ramaphosa ha pedido respaldar al resto de líderes— advierte que desde el año 2000 el 1 % más rico ha capturado 41 céntimos de cada dólar generado, mientras que la mitad más pobre del planeta apenas ha recibido uno. Según el comité, esta brecha alimenta tensiones sociales, polarización política y daños profundos tanto en la vida de las personas como en los ecosistemas.
Oxfam Intermón celebra que el comité recomiende crear un Panel Internacional sobre Desigualdad (IPI), inspirado en el IPCC del clima. Sería un mecanismo científico y permanente que proporcionaría datos y evidencias para orientar políticas públicas.
“La concentración de riqueza es también concentración de poder, y frenarla es una decisión política”, recuerda Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la organización.
La cumbre llega en un contexto complejo. Estados Unidos ya ha anunciado que no asistirá, pero su agenda económica —según denuncia Oxfam Intermón— sigue marcando efectos regresivos: guerras arancelarias, recortes drásticos en cooperación internacional y presión para bloquear reformas fiscales globales.
Para la ONG, esto supone “una carrera hacia abajo que otros países tienen la obligación de rechazar”.
La organización insta al G20 a avanzar en una agenda de tributación efectiva para grandes fortunas —una línea iniciada bajo la presidencia brasileña el año pasado— y a actuar frente a la crisis de deuda que ahoga a las economías más pobres.
Según el FMI, más de la mitad de los países de renta baja están ya en alto riesgo de sobreendeudamiento, lo que limita su capacidad de invertir en servicios esenciales. Hoy 3.400 millones de personas viven en países que pagan más intereses de su deuda que lo que destinan a educación o salud.
El mecanismo actual del G20 para aliviar la deuda ha sido, según datos difundidos por Oxfam Intermón, un fracaso: solo 4 de 69 países han podido beneficiarse. Por su parte, España acude de nuevo como invitado permanente y, según recuerda Oxfam Intermón, tiene la responsabilidad de defender lo logrado en la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo celebrada en Sevilla.
Allí, 192 países reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y con una arquitectura financiera internacional más justa.
“Este no es momento de retroceder ni de ceder ante los intereses de unos pocos”, subraya Ruiz. “España debe llegar a Johannesburgo con la fuerza del consenso alcanzado en Sevilla”.
