La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que agrupa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha mantenido un encuentro con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con el objetivo de analizar las medidas del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según informa la PTS, el debate se centró en la urgencia de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para las personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
Durante la reunión, Luciano Poyato, presidente de la Plataforma, advirtió de que “la vivienda se ha convertido en el principal agujero del Estado del bienestar y en un determinante directo de la pobreza y la exclusión social”. En este sentido, subrayó que las políticas públicas deben orientarse hacia “la promoción de vivienda social, la rehabilitación del parque existente, la reserva efectiva de suelo público y la penalización de la vivienda vacía”.
La organización alerta de que más de 4,6 millones de hogares en España sufren dificultades para acceder o mantener una vivienda digna. Según Poyato, la mayoría de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza, y muchas destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Este desequilibrio, agravado por el encarecimiento sostenido de los precios frente a unas rentas que apenas crecen, está generando una precariedad residencial estructural.
Un derecho humano, no un bien de mercado
Por su parte, María José Juanes, directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, insistió en que la vivienda “no puede considerarse únicamente un bien económico, sino un derecho humano y social básico, estrechamente vinculado a la salud, la educación, el empleo y la igualdad de oportunidades”.
Entre las propuestas trasladadas al Ministerio, destacan la creación de ayudas complementarias ligadas al Ingreso Mínimo Vital, la asignación de al menos un 40% del presupuesto del Plan Estatal de Vivienda al incremento del parque de vivienda social y asequible —con una parte reservada para emergencia habitacional—, y el refuerzo de las ayudas al alquiler y la emancipación, especialmente dirigidas a jóvenes, familias monoparentales e infancia en situación de pobreza.
Asimismo, la PTS ha solicitado la creación de un mecanismo estable de participación del Tercer Sector en la gobernanza, seguimiento y evaluación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, con el fin de garantizar su eficacia y su impacto real sobre las personas más vulnerables.
Colaboración institucional para un plan inclusivo
En la reunión participaron también Carlos Susías Rodado, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional y presidente de EAPN-ES; Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital de la ONCE; Carles López Picó, vicepresidente de Diversidad y presidente de la Plataforma de Infancia; y María José Juanes Burgos, directora ejecutiva de la PTS, entre otros representantes del ámbito social.
La Plataforma del Tercer Sector reiteró su disposición a colaborar con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se convierta en “un instrumento eficaz, inclusivo y con impacto real” en la vida de las personas que más lo necesitan.
