La respuesta mundial frente al VIH está atravesando una crisis financiera que podría revertir décadas de avances, según alerta el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en su más reciente actualización global.
El informe advierte que los recortes masivos en la ayuda internacional y los crecientes déficits presupuestarios para 2025 ya están afectando directamente a sistemas sanitarios y profesionales de primera línea, provocando la suspensión de programas de prevención y poniendo en riesgo tratamientos esenciales. “La falta de recursos no solo frena el progreso: pone en peligro millones de vidas”, señala ONUSIDA.
Incluso antes de esta situación crítica, 9,2 millones de personas seropositivas no accedían a tratamientos vitales. Entre ellas, 620.000 eran menores de 14 años, un dato que contribuyó a las 75.000 muertes infantiles asociadas al SIDA en 2024. En total, ese mismo año, 630.000 personas murieron por causas relacionadas con el VIH, el 61% en África subsahariana. Además, más de 210.000 adolescentes y mujeres jóvenes —una media de 570 cada día— contrajeron el virus.
Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, ha calificado la situación como “una bomba de tiempo”. “Hemos visto servicios desaparecer de la noche a la mañana, personal médico despedido y personas, en especial menores y colectivos clave, excluidas del sistema sanitario”, denunció.
Las organizaciones comunitarias —fundamentales para acercar la prevención a las poblaciones más vulnerables— se encuentran especialmente amenazadas. Según una encuesta citada en el informe, a comienzos de 2025 más del 60% de las entidades lideradas por mujeres que trabajan en la respuesta al VIH habían perdido financiación o suspendido sus actividades.
En paralelo, el Plan de Emergencia de EE.UU. para el Alivio del SIDA, que en 2024 brindó atención a 2,3 millones de adolescentes y mujeres jóvenes, y facilitó el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) a 2,5 millones de personas, ha visto cómo muchos de sus programas eran cancelados.
La emergencia sanitaria se ve agravada por un entorno político regresivo. ONUSIDA señala que el endurecimiento de leyes que criminalizan la orientación sexual, la identidad de género o el consumo de drogas en países como Uganda, Mali o Trinidad y Tobago está dificultando aún más el acceso a servicios de prevención y atención, sobre todo para las poblaciones más expuestas al virus.
Pese a este panorama, el informe destaca algunas señales de resistencia y compromiso. De los 60 países de ingresos bajos y medios analizados, 25 han incrementado sus presupuestos nacionales para 2026 en un 8% respecto al año anterior, lo que se traduce en 180 millones de dólares adicionales. Aunque insuficiente para compensar la pérdida del financiamiento internacional, supone un paso en la dirección correcta.
También se subraya el potencial de nuevas herramientas como la PrEP inyectable de acción prolongada, que ha mostrado una eficacia casi total en ensayos clínicos. No obstante, su disponibilidad sigue siendo limitada por cuestiones de acceso y coste.
ONUSIDA insiste en que la solución a esta crisis no puede depender exclusivamente de los países afectados. La entidad llama a la comunidad internacional a movilizarse de forma urgente para cerrar la brecha financiera, eliminar barreras legales y sociales, y garantizar que las comunidades puedan liderar la respuesta a la epidemia. “Todavía estamos a tiempo de transformar esta crisis en una oportunidad”, concluye Byanyima. “Con urgencia, unidad y compromiso, aún podemos poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública de aquí a 2030”.
