La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reafirmó el pasado viernes 24 de enero que solicitar asilo es un derecho humano universal, en respuesta a la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el programa de admisión de refugiados y endurecer las políticas migratorias.
“Todos los Estados pueden ejercer su jurisdicción en sus fronteras, pero deben hacerlo en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz del organismo, en una rueda de prensa en Ginebra. La representante insistió en que el derecho a solicitar asilo está reconocido a nivel internacional y no puede ser vulnerado.
Las recientes disposiciones de la administración estadounidense incluyen la declaración de una emergencia nacional en la frontera con México, la prohibición de entrada a migrantes y la orden de deportaciones masivas. Estas medidas han encendido las alarmas en la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, que advierten sobre sus graves consecuencias.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifestó su preocupación y aseguró que está analizando la normativa para evaluar sus implicaciones. “Estados Unidos ha sido históricamente un referente en la protección de quienes huyen de la violencia, el conflicto y la persecución, y esperamos que siga desempeñando un papel clave en la garantía de los derechos de los refugiados”, declaró su portavoz, Matthew Saltmarsh.
El organismo también recordó que los solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos justos y eficaces, y bajo ningún concepto ser retornados a lugares donde su vida o integridad corran peligro. Además, enfatizó que el reasentamiento es una medida esencial para la protección de poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y niños.
El derecho a migrar y buscar refugio está consagrado en tratados internacionales y legislaciones nacionales, que los Estados están obligados a respetar. La decisión de bloquear el acceso al asilo no solo contraviene estos principios, sino que también expone a miles de personas a situaciones de extrema vulnerabilidad. La comunidad internacional sigue atenta al desarrollo de estas políticas y exige el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos.
