La delincuencia medioambiental, que abarca desde la contaminación del aire y del agua hasta la deforestación ilegal y la caza furtiva, constituye una seria preocupación a nivel global. Clasificarla como la cuarta actividad delictiva del mundo puede variar según la definición y medición general de la actividad delictiva. No obstante, su impacto devastador en los ecosistemas y la salud humana es innegable, subrayando la urgente necesidad de abordarla eficazmente mediante legislación adecuada y aplicación rigurosa de la ley.
Recientemente, el Parlamento aprobó nuevas normativas sobre los delitos medioambientales y las sanciones correspondientes. Estas disposiciones entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y los Estados miembros tendrán dos años para su incorporación a los sistemas nacionales.
La Directiva, elaborada en consenso con el Consejo el 16 de noviembre de 2023 y aprobada con una amplia mayoría en el Parlamento, incluye una lista actualizada de delitos, como el comercio ilegal de madera, el agotamiento de recursos hídricos y la contaminación causada por buques. Se ha asegurado la inclusión del "delito cualificado", que abarca incidentes como incendios forestales a gran escala o contaminación generalizada del aire, agua y suelo, equiparándose al ecocidio por la destrucción de ecosistemas.
La Eurocámara ha destacado la importancia de brindar apoyo y asistencia a los denunciantes de delitos medioambientales dentro del proceso penal, así como la necesidad de formación especializada para agentes de la ley, jueces y fiscales. Además, se promoverán estrategias nacionales y campañas de sensibilización para combatir la delincuencia medioambiental.
La normativa establece penas de cárcel en función de la duración, gravedad o reversibilidad de los daños causados por los delitos ambientales. Las multas para las empresas podrían alcanzar el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual, o montos fijos según la naturaleza del delito. Los Estados miembros tendrán la facultad de perseguir delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.
Este acuerdo representa un paso significativo hacia la lucha contra la delincuencia transfronteriza a escala europea, con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. Asimismo, establece una responsabilidad directiva para individuos dentro de las empresas contaminantes, eliminando posibles lagunas legales y promoviendo una mayor diligencia en el cuidado del medio ambiente.
