El recién estrenado año ha marcado el inicio de diversas transformaciones normativas, destacando la entrada en vigor de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) a partir de 2024. Esta normativa europea redefine los requisitos de información en términos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para las empresas, ampliando significativamente el alcance de la anterior Directiva sobre Divulgación de Información No Financiera (NFRD), tanto en términos de quién debe informar como de la naturaleza de la información requerida.
Es crucial tener en cuenta que la CSRD representa una actualización sustancial de la NFRD, el marco de informes de sostenibilidad vigente en la Unión Europea. Ante esta evolución normativa, las nuevas disposiciones aumentarán considerablemente el número de empresas obligadas a proporcionar divulgaciones de sostenibilidad, pasando de las actuales 12,000 a más de 50,000.
En este contexto, cada empresa debe establecer una estrategia adaptada a su nivel de madurez en informes y gestión de datos para realizar una transición eficiente a la elaboración de informes según la CSRD. Este proceso implica comprender los requisitos de la Directiva y de los estándares ESRS, identificar las brechas existentes y determinar las acciones necesarias para cumplir de manera eficaz.
En España, en mayo de 2023 se publicó el anteproyecto de Ley de Información sobre Sostenibilidad, que incorpora la Directiva al ordenamiento jurídico español y se encuentra disponible en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se espera que durante 2024 se reanude la tramitación de este proyecto de ley, sustituyendo a la actual Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad (transposición de la NFRD al ordenamiento jurídico español).
La ley 11/2018 amplió considerablemente el alcance de la NFRD, aplicándose a todas las empresas españolas con más de 500 empleados o más de 250 empleados con activos superiores a 20,000,000 de euros o ingresos anuales superiores a 40,000,000 de euros, así como a las entidades de interés público. En consecuencia, con la nueva regulación, se estima que más de 5,500 empresas españolas estarán afectadas a partir de 2024, a la espera de la transposición completa de la CSRD y posibles consultas al ICAC sobre la interpretación y el desarrollo europeo en cuestiones como filiales y terceros países.
A partir de 2025, las primeras organizaciones obligadas a informar según la CSRD y los estándares ESRS, aquellas ya sujetas a la anterior NFRD, presentarán sus primeros informes sobre la actividad de 2024.
