Por 544 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones, el pleno ha aprobado la propuesta de una nueva directiva que dotará a los consumidores de mayor poder de decisión durante la transición ecológica.
El Parlamento Europeo da luz verde al proyecto de ley para prohibir la publicidad medioambiental engañosa
Brian Yurasits

La información es clave en la transición ecológica. Conscientes de ello, las y los eurodiputados aprobaron el pasado jueves 11 de mayo el proyecto de ley para mejorar el etiquetado y la durabilidad de los productos y acabar con la publicidad engañosa. Su principal objetivo es ayudar a los consumidores a tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente, y alentar a las empresas a ofrecerles unos productos más duraderos y sostenibles. El proyecto ha sido aprobado por 544 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones, así, el pleno ha aprobado la propuesta de una nueva directiva que dotará a los consumidores de mayor poder de decisión durante la transición ecológica.

Cabe destacar que esta directiva forma parte del primer paquete sobre economía circular, junto con el reglamento sobre diseño ecológico, el reglamento sobre productos de construcción y un informe de propia iniciativa sobre la Estrategia de la Unión para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles. Allana el camino para una nueva directiva sobre alegaciones ecológicas que detallará aún más los requisitos para poder hacer reclamos medioambientales en el futuro.

Al adoptar esta legislación, el Parlamento responde a las expectativas de la ciudadanía en relación con el consumo, el envasado y la producción sostenibles, así como con el crecimiento y la innovación sostenibles, tal como se expresa en las propuestas 5 (1), (7) y (10) y 11 (2) de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.   

El Parlamento va a defender en las negociaciones del texto final que se prohíban reclamos generales del tipo «respetuoso con el medio ambiente», «natural», «biodegradable», «climáticamente neutro» o «ecológico» si no están respaldados por pruebas específicas. También quiere prohibir alegaciones ecológicas basadas únicamente en sistemas de compensación de carbono. Prohibiría, por último, otras prácticas engañosas, como hacer afirmaciones sobre un producto si solo son ciertas sobre una parte del mismo, o decir que durará un cierto período de tiempo, o que puede usarse con cierta intensidad, cuando esto no sea verdad. Además, la propuesta propone que, para simplificar la información sobre los productos, la Eurocámara está a favor de que solo se usen ecoetiquetas que tengan detrás unos sistemas de certificación oficiales o respaldados por la Administración.

Otro de los aspectos que contempla la ley está vinculado con la durabilidad de los productos. En pos de lograr productos más duraderos, el Parlamento rechaza que se diseñen con características que reducen de entrada su vida útil o provocan un mal funcionamiento prematuro. Además, los eurodiputados quieren prohibir que los fabricantes limiten el funcionamiento de un producto cuando se utiliza con consumibles, piezas de repuesto o accesorios (como cargadores o cartuchos de tinta) fabricados por otras empresas.

Para todo esto, la Eurocámara propone añadir un nuevo etiquetado en relación con la garantía, que indique no solo la duración de la garantía legal obligatoria sino también la de las posibles ampliaciones ofrecidas por los fabricantes. Un etiquetado así haría destacar los productos de calidad, y sería un incentivo para las empresas a la hora de ofrecer durabilidad, según los eurodiputados.

En palabras de Biljana Borzan (S&D, Croacia) “la industria va a dejar de sacar provecho de hacer que las cosas se rompan en cuanto acaba el plazo de garantía. Los consumidores tendrán que recibir una información clara sobre las posibilidades de reparar y el coste de estas reparaciones. El etiquetado de los productos también indicará cuáles están garantizados por más tiempo; y saldrán ganando aquellos fabricantes cuyos productos sean más duraderos. Desaparecerá la jungla de reclamos sobre supuestas bondades ambientales, ya que solo se permitirán afirmaciones certificadas y fundadas”.

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