Las emisiones de carbono son uno de los problemas más graves en el mundo actual debido a su impacto en el medio ambiente y el cambio climático. El dióxido de carbono (CO2) es uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al aumento de la temperatura global. El aumento de las emisiones de carbono ha llevado a un aumento en la temperatura global y ha provocado cambios significativos en los patrones climáticos, como el aumento del nivel del mar, la acidificación del océano y la intensificación de eventos climáticos extremos como huracanes, sequías e inundaciones.
Cabe recordar que, para abordar este problema, se han establecido acuerdos internacionales para reducir las emisiones de carbono, como el Acuerdo de París. Los países se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2 y trabajar juntos para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C por encima de los niveles preindustriales.
En este contexto, el Parlamento ha aprobado hoy, 14 de marzo, por 486 votos a favor, 132 en contra y 10 abstenciones, la revisión del conocido como «Reglamento de Reparto del Esfuerzo». La nueva versión de este reglamento fija unas reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el transporte por carretera, la calefacción de edificios, la agricultura, las pequeñas instalaciones industriales y la gestión de residuos. Lo hace de forma específica para cada Estado miembro de la Unión. Aproximadamente el 60% de todas las emisiones de la UE quedan cubiertas por él. El Reglamento de Reparto del Esfuerzo forma parte del paquete «Objetivo 55 en 2030», un plan de la UE para reducir, a más tardar en 2030, las emisiones de GEI en al menos un 55% en comparación con los niveles de 1990, en consonancia con la Legislación Europea sobre el Clima.
La principal modificación de la ley revisada es que esta aumenta el objetivo de reducción de los GEI para la Unión en 2030 del 30% al 40% en comparación con los niveles de 2005. Además, por primera vez, todos los países de la UE deberán reducir sus emisiones de GEI, con objetivos individuales que se sitúan entre el 10% y el 50%. Los objetivos para 2030 de cada Estado miembro se calculan en función de su PIB per cápita y de la relación coste-eficacia. Los Estados miembros tendrán además que asegurarse cada año de que no superan su asignación anual de emisiones de GEI.
Otro elemento clave que se destaca de la ley es que esta consigue un equilibrio entre la necesidad de flexibilidad para que los países puedan alcanzar sus objetivos sin renunciar a una transición justa —también a nivel social— y la necesidad de subsanar las lagunas que obstaculizan el cumplimiento del objetivo general de reducciones de la Unión. Este es el motivo por el que se pone un tope a la cantidad de emisiones que los Estados miembros pueden guardarse para los siguientes años, tomar a cuenta de las que les corresponderán o comerciar con ellas con otros Estados miembros.
En palabras de Jessica Polfjärd (PPE, Suecia): “Esta ley es un paso de gigante para conseguir los objetivos climáticos de la Unión. Las nuevas normas sobre los recortes nacionales de emisiones harán que todos los Estados miembros contribuyan y permitirán colmar las lagunas existentes. Estamos enviando una señal clara de que la Unión quiere realmente ser la abanderada mundial de una agenda climática competitiva y eficiente”.
