El pasado 12 de julio de 2022 se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hito que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada, en su composición actual, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.
Luego de la aprobación, la Alianza emitió un Comunicado en el cual expresa que esta ley constituye un “instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral”, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.
Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.
A una semana del Día Internacional contra la Discriminación Racial que se celebra el próximo 21 de marzo, y el día en que se cumplen justo 2 meses desde la expiración del plazo concedido al Gobierno para su creación, las entidades que conforman esta Alianza constatan que, sin un organismo que vele por su cumplimiento, es prácticamente imposible aplicar efectivamente la norma. Por ello, y tras haber solicitado previamente por carta al Gobierno para su pronta configuración, la Alianza reclama su inmediata puesta en marcha. La constitución de este organismo también demostraría el compromiso de las autoridades con las víctimas de discriminación.
Por otra parte, la Alianza recuerda que las obligaciones establecidas en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación son de aplicación para todo el sector público. Así, las distintas Administraciones Públicas competentes, tanto a nivel autonómico, como local y judicial, deben promocionar el derecho a la igualdad de trato, formar a su personal en la materia, atender a las víctimas de cualquier forma de discriminación, y sancionar aquellas conductas constitutivas de infracción.
El retraso injustificado en la creación de la Autoridad Independiente no puede amparar el desconocimiento y la falta de cumplimiento generalizado de la norma, por lo que la Alianza reclama que las Administraciones Públicas competentes garanticen de forma inmediata el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
