El Parlamento Europeo pide controles más estrictos sobre las finanzas de las ONG

El pasado jueves 23 de febrero, el Parlamento aprobó dos resoluciones sobre la transparencia y la integridad en el proceso de toma de decisiones de la UE. Como continuación a las medidas demandadas por el Parlamento en diciembre de 2022 y tras saludar la reciente decisión de la presidenta y los líderes de los grupos como un primer paso necesario, la resolución fue aprobada con 401 votos a favor, tres en contra y 133 abstenciones.

Uno de los principales pedidos estuvo vinculado a la necesidad de que existan controles más estrictos sobre las finanzas de las ONG. Sobre este punto, el Parlamento constata que las ONG fueron supuestamente utilizadas como vectores de injerencias extranjeras, por lo que pide que se revisen las normas en vigor para estas entidades, en particular las relacionadas con la gobernanza, el presupuesto, la influencia extranjera y las personas con control significativo.

Otros de los puntos que destaca el pedido es que las ONG que reciben dinero de terceros que no están obligadas a inscribirse en el Registro de transparencia (como los países de fuera de la UE) también deben revelar sus fuentes de financiación. Si no lo hacen debería interrumpirse cualquier ayuda financiera de la UE. Los eurodiputados quieren someter a las ONG a un examen financiero previo exhaustivo antes de su inscripción en el Registro de transparencia y que se publiquen los acuerdos contractuales de la Comisión con ONG. Reclaman, asimismo, una definición jurídica clara para acotar las ONG que pueden inscribirse en el Registro y optar a financiación de la Unión. Cabe destacar que las y los eurodiputados declaran su apoyo inquebrantable a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y el medio ambiente respetando plenamente las normas.

Por otra parte, los parlamentarios también quieren que la comisión de investigación sobre injerencia extranjera y otros órganos del PE revisen las reglas sobre ética de la institución antes del verano.

Estos son los ámbitos en los que proponen avanzar:

• mejor aplicación del Código de Conducta de los eurodiputados, incluidas sanciones económicas en caso de infracción, y la introducción de más conductas sancionables, y prohibir a los diputados actividades paralelas remuneradas que puedan crearles un conflicto de intereses;
• someter a los viajes sufragados por terceros países a un proceso de aprobación previa y efectuar un control adicional sobre los asistentes parlamentarios y el personal que trabaja en ámbitos políticos sensibles, en particular en asuntos exteriores, seguridad y defensa;
• reforma del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados para que cubra el hueco del nuevo órgano independiente encargado de las cuestiones de ética hasta que este esté operativo;
• declaraciones de patrimonio por parte de los diputados al principio y al final de cada mandato;
• recursos adecuados para Registro de Transparencia y la obligación para los diputados, asistentes y personal de declarar las reuniones de trabajo con diplomáticos de terceros países, cuando tengan «influencia clara e inmediata en la evolución de expedientes específicos» en el PE, excepto si esto puede poner a sus interlocutores en peligro o ir en contra del interés público;
• alinear las reglas internas con la directiva sobre protección de los denunciantes;
• las medidas adoptadas con respecto a los representantes de Qatar deben extenderse a los representantes de Marruecos.

Finalmente, el Parlamento insiste en la necesidad de crear un órgano independiente encargado, como ya hizo en septiembre de 2021 para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión. La Comisión debe presentar una propuesta antes de que acabe marzo y las negociaciones deben concluir antes de las vacaciones de verano.

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