El Informe Anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO) ha sido publicado a comienzos de este año y brinda un panorama completo de las finanzas verdes en nuestro país. En primer lugar, la investigación advierte que ha habido un fuerte avance de la financiación sostenible. Concretamente, esta alcanzó los 60.134 millones de euros, suma agregada de sus distintas fórmulas, experimentando una cifra récord con un incremento del 9%.
Luego de hacer un exhaustivo recorrido por diversas aristas vinculadas a la financiación sostenible, su crecimiento, sus retos y principales barreras, hacia el final de la publicación, los expertos de OFISO desarrollan más de una docena de elementos clave que serían las previsiones para este año. En primer lugar, la investigación prevé que haya un crecimiento de la financiación sostenible en 2023 respecto de la ralentización de 2022 en la medida que se suavicen las incertidumbres y conflictos, así como un avance de las iniciativas regulatorias, con mayores penalizaciones y sanciones, y un compromiso más ambicioso del sector privado en este terreno, con objetivos más precisos que incluirán a sus cadenas de suministro.
En esta misma línea, la segunda tenencia muestra que las condiciones de mercado y de tipos de interés seguirán teniendo un marcado papel en cuanto a los plazos de las emisiones verdes y sostenibles. Las decisiones de los bancos centrales para frenar la inflación aún no han concluido, lo que dificulta la toma de decisiones de financiación. Por tanto, los expertos sostienen que el capital natural y la biodiversidad seguirán ganando peso en la agenda de los órganos de gobierno y en las carteras y objetivos de empresas, bancos e inversores, canalizando recursos adicionales hacia este tipo de actividades y proyectos a medida que aumentan las alertas y advertencias de los analistas sobre la necesidad de un mayor compromiso del sector financiero para proteger la biodiversidad.
La tercera tendencia está vinculada a los bonos. Sobre este punto, el informe sostiene que los bonos sociales y sostenibles tendrán mayor protagonismo como instrumento para neutralizar los efectos de la recesión o contracción económica en la ciudadanía, respaldados por una mayor conciencia y presión social y de los inversores sobre gobiernos y empresas en aspectos como la cobertura sanitaria, vivienda social, educación e infraestructuras, igualdad de género, diversidad, e inclusión. Esto debe ayudar a la incorporación de nuevas Comunidades Autónomas e incluso Administraciones Locales a este mercado en nuestro país. La cuarta tendencia afirma que la evolución del sector de energía y su financiación seguirán dependiendo de la evolución de la Guerra de Ucrania que seguirá marcando el equilibrio entre los combustibles fósiles, y sus argumentos de seguridad energética, y las energías renovables, con sus argumentos de descarbonización y costes.
En quinto lugar, se observa que el volumen de inversiones seguirá creciendo en CleanTech, compañías que desarrollan servicios y soluciones que aumentan la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de la energía, la movilidad sostenible u otros sectores para aumentar la eficiencia energética. Asimismo, la sexta tendencia hace referencia a que la agenda regulatoria se acumula para 2023. Si La UE quiere mantener su liderazgo deberá avanzar en relación con los efectos perniciosos inesperados en la implantación del SFDR, el etiquetado verde, el Estándar de bonos verdes europeo, la taxonomía verde y la social, así como en economía circular y biodiversidad.
Por otra parte, la séptima tendencia expone que se desarrollarán nuevas iniciativas regulatorias mejor adaptadas a la situación del mercado aprendiendo de los fallos de la farragosa regulación de la UE, como el etiquetado en los fondos de inversión europeos que ha incentivado su reclasificación, desde el artículo 9 al menos exigente artículo 8. El modelo que puede imponerse se está evidenciando con la SDR que desarrolla la FCA británica, con categorías no jerarquizadas y requerimientos mínimos para el tamaño de la inversión sostenible alineada en cada cartera.
Por su parte, en octavo lugar, el informe advierte que el escrutinio y la presión para que los compromisos y objetivos sean más detallados e intermedios será cada vez más severo. Se impone la lucha contra el greenwashing. Se ha acabado la fase de los grandes principios y declaraciones generales: ahora se exige un análisis afinado y riguroso, con información y datos más detallados, mediante el uso de métricas más profesionales, y de tecnologías como la Inteligencia Artificial y machine learning. En esta misma línea, la novena tendencia según OFISO es que los productos Sustainability-linked pueden moderar su crecimiento en este contexto incremental de la regulación y de exigencia en los compromisos.
El punto número 10 de estas previsiones muestra que se incrementarán las medidas coercitivas para los incumplidores. Como consecuencia de la implantación progresiva de la regulación, veremos incrementarse los litigios, las medidas punitivas y el aumento en los riesgos reputacionales. Además, los investigadores sostienen que los factores ESG están imponiéndose en las mesas y las agendas de los órganos de gobierno y los consejos de administración a marchas forzadas, lo que confirma que han dejado de ser un nicho para convertirse en un factor estratégico. Y, la última tendencia da cuenta de que la ampliación de los requerimientos y la lucha contra el greenwashing se extenderá también a Estados Unidos con la propuesta de la SEC, con información más detallada sobre cuestiones ESG, que podrían incluir los criterios de retribución de administradores y directivos y su relación con el resultado financiero y los avances ESG o las brechas salariales.
