El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar la distribución territorial de más de 50 millones de euros para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico. Este financiamiento potenciará, entre otras, acciones de aprovechamiento silvícola, ganadería extensiva, y producciones forestales sostenibles.
España impulsa la  bioeconomía en zonas de reto demográfico

España ha puesto en marcha un proyecto de doble impacto: por un lado, impulsará la bioeconomía y, por el otro, busca hacerle frente a la porblemática de la despoblación. Concretamente, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar la distribución territorial de más de 50 millones de euros para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico. De este modo, se consignan 40 millones de euros para iniciativas ligadas a la bioeconomía y 15,7 millones de euros destinados a impulsar acciones de dinamización territorial cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial.

Pero, antes que nada ¿qué es la bioeconomía? Se trata, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenibles de recursos biológicos, incluyendo los desechos de biomasa generados en los procesos de trasformación, producción y consumo. Este tipo de economía aprovecha el conocimiento de los sistemas, principios y procesos y las tecnologías aplicables al conocimiento y transformación de los recursos biológicos y a la emulación de procesos y principios biológicos. Sin dudas, se trata de una estartegia que puede contribuir en gran medida a alcanzar las metas propuestas por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Los 40 millones de euros para actuaciones en bioeconomía se centrarán en proyectos que incentiven en los municipios el uso sostenible de los recursos forestales, generen empleo y revaloricen el territorio en su área de influencia. Asimismo, también deberán garantizar los beneficios sociales que generará la iniciativa. Las actuaciones de los proyectos seleccionados deberán iniciarse antes del 30 de junio de 2023 y estar ejecutadas el 31 de mayo de 2026. Así, las propuestas financiadas deberán orientarse al aprovechamiento silvícola, la ganadería extensiva, y a producciones forestales sostenibles como las de corcho, resina, biomasa, aceites, piñón, castaña, setas, trufas, apicultura, plantaciones medicinales, apicultura o plantaciones medicinales.  También serán financiadas iniciativas de turismo sostenible y compatible con la conservación del medio forestal, promoción de la capacitación en el ámbito forestal o la creación y fortalecimiento de PYMES que desarrollen líneas de trabajo sobre aprovechamiento y protección del medio forestal.

Además de impulsar una economía sostenible, el proyecto busca luchar contra la problemática de la despoblación en España. De este modo, la distribución de 15,7 millones de euros a Comunidades prevista en los Presupuestos Generales del Estado 2022 se gestionará mediante el Fondo de Cohesión Territorial (FCT), un instrumento clave que permitirá articular un modelo de cooperación interadministrativa y financiar iniciativas que generen oportunidades en el territorio.

Mediante el FCT se impulsarán medidas de ordenación del territorio que favorezcan un desarrollo local sostenible, se abordará el desequilibrio territorial en el acceso a servicios públicos clave y se promoverán actuaciones para incentivar la actividad económica y empresarial en zonas vulnerables al declive demográfico. Del mismo modo, también se llevarán a cabo programas de responsabilidad social para garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes del área de influencia de los municipios.

Finalmente, cabe destacar que otro de los objetivos que persigue la propuesta es reforzar la gobernanza en el territorio. Así, con esta distribución de fondos se avanza en la consolidación de la política pública de reto demográfico reforzando la gobernanza en tanto que se hace partícipes de la misma a las Comunidades Autónomas.  Los criterios de distribución, acordados con las Comunidades y Ciudades Autónomas tanto en su identificación como en el peso relativo de cada uno, permiten vincular la distribución de fondos con las principales dimensiones de la cohesión social y territorial, abarcando la dimensión demográfica, pero también la socioeconómica. De este modo, se dispone por primera vez, de una política pública centrada en abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación de forma transversal, con instrumentos específicos de acción y de financiación, abriendo nuevos ámbitos de intervención y de colaboración con las Comunidades Autónomas.

¡Comparte este contenido en redes!

Síguenos

Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook
Top