Nuestro país tiene un problema con sus residuos y una baja tasa de reciclaje. Según Eurostat, la tasa de reciclaje estipulada por Bruselas tenía que ser del 50% para 2020 y alcanzamos tan solo el 36%. Las próximas metas a alcanzar quedan muy lejos si no se reacciona a tiempo: Europa ha establecido que en 2030 se deberá llegar al 60% y en 2035 al 65%. En este escenario, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Imprimirá cambios en los modelos de producción y consumo que han de ser tenidos en cuenta por las empresas, que pueden encontrar oportunidades de contribución a diferentes ODS, como el 12 o el 13.
El Pacto Mundial sostiene que esta nueva normativa trata de impulsar la economía circular en nuestro país e introduce dos nuevos impuestos: por un lado, uno sobre los envases de un solo uso y, por el otro, uno que grava el depósito de desechos en vertederos y la incineración. Ambos impuestos han sido reclamados por Bruselas: el de los envases está recogido en una directiva comunitaria que los Veintisiete deben cumplir. El que grava el depósito de residuos en los vertederos y la incineración surge de una recomendación que la Comisión realizó a España en 2018.
Sin dudas, la normativa va en la línea del ODS 12 de Producción y consumo responsable y las empresas juegan un papel clave para cumplir este Objetivo. Esta Ley establece la reutilización de productos y prohíbe la destrucción de excedentes basándose en los principios de la economía circular. Asimismo, esta Ley también impacta sobre el ODS 3 de Salud y bienestar, en normas como la relativa a la retirada del amianto y la posibilidad de prohibición del tabaco en las playas, y en el ODS 13 de Acción por el clima, ya que todas las medidas redundarían de forma positiva en este Objetivo.
Por su parte, es posible trazar muchos puntos en común de esta nueva Ley con los Principios referentes al medioambiente. Según el Principio 7, “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”, y, según el Principio 8, “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”. Desde la entrada en vigor de la Ley tras su publicación en el BOE veremos nuevas iniciativas de las empresas para promover la responsabilidad ambiental y fomentar la economía circular.
Otro de principales puntos de la nueva legislación española es la prohibición de la comercialización de plásticos de un solo uso como pajitas, bastoncillos de algodón que contengan plástico o los recipientes de bebidas hechos de poliestireno expandido. En cuanto a la venta a granel, la norma establece que en los supermercados de más de 400 metros deberán dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin embalaje. Y en los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y alimentos cocinados deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables.
Por otro lado, las administraciones deberán fomentar el uso del agua no embotellada a través de la instalación de más fuentes, y la hostelería y restauración deberán servir agua no embotellada gratis. Finalmente, esta nueva ley exige la retirada del amianto e insta a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario para su retirada. Otro punto de la norma es la prohibición de la destrucción de excedentes: “los excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”. Y añade: “dichos excedentes se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización”. Además, con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados se podrá regular desde cada ayuntamiento la prohibición de fumar en las playas.
