La situación en Ucrania es cada vez peor y la cantidad de personas que deben huir para salvar sus vidas es cada vez mayor. Según los datos de ACNUR, más de tres millones de personas han salido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, la mayoría de ellos hacia los países vecinos.En medio de un contexto de escaldad de la violencia, la solidaridad internacional se ha vuelto indispensable. El Parlamento Europeo ha discutido en diversas oportunidades iniciativa para contribuir a esta situación de crisis humanitaria.
Sólo dos semanas después de que la Comisión Europea presentara su propuesta, el pleno aprobó, el pasado jueves 24 de marzo, la acción de cohesión para los refugiados en Europa ( CARE, en inglés) mediante el procedimiento de urgencia, con 562 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
La adaptación de las reglas vigentes sobre política de cohesión permitirá redirigir los fondos rápidamente para ayudar a los Estados miembros y sus regiones a ofrecer asistencia de emergencia (alojamiento temporal, alimentos, cuidados sanitarios o educación) a personas que huyen del ataque ruso a Ucrania. Esto podrá incluir fondos de cohesión del periodo 2014-2020 que todavía no se habían asignado o gastado, así como 10.000 millones de euros adicionales procedentes de REACT-EU.
El Parlamento afirmó que los Estados miembros pueden solicitar a la UE el dinero gastado en atender a los refugiados ucranianos retroactivamente desde el 24 de febrero, la fecha en que se inició la invasión rusa. La UE podrá financiar hasta el 100% (en vez del habitual 85%) del gasto en cohesión durante un año más (desde mitad de 2021 hasta mitad de 2022).
Durante la sesión las y los eurodiputados definieron que también se prorroga durante un año, hasta la mitad de 2024, el periodo en que pueden recurrir al Fondo de asilo, migración e integración y al Fondo de seguridad interna del periodo 2014-2020, con objeto de dar a los Estados un acceso más rápido a fondos que no han sido utilizados. Hasta 420 millones de euros pueden quedar liberados para usarlos en alojamiento, alimentos, atención sanitaria y educación. Tras ests aprobación urgente en el Parlamento, los textos deben ahora ser adoptados por el Consejo. Entrarán en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
