La población de origen inmigrante (POI) en España -17% de la población total-, está profundamente arraigada en la realidad social del país: prolongado tiempo de estancia, fuerte asentamiento familiar, crecimiento de parejas mixtas, incorporación progresiva a las redes sociales y tradiciones socioculturales nativas, nacionalización creciente, etc. Sin embargo, dos retos permanecen abiertos. Primero, una integración socioeconómica precaria, claramente por debajo de los niveles socioeconómicos medios. Y segundo, la presencia de un extendido prejuicio étnico hacia los inmigrantes que, si bien no ha roto la coexistencia tranquila y pacífica -aunque distante- existente en la sociedad española, supone una amenaza para la convivencia común (Lo que esconde el sosiego).
Este proceso de integración ha cambiado radicalmente la realidad del país. La POI no solo contribuye positivamente al desarrollo demográfico, económico y cultural del país -y al sostenimiento neto de su sistema de bienestar social- sino que se ha convertido en una parte esencial del país que somos y que vamos a ser. Un escenario que condiciona y transforma las llamadas políticas de integración, entre otras cosas porque invertir en la población de origen inmigrante significa hoy en día invertir en ese país que somos y vamos a ser.
Para aportar claves al debate y analizar los desafíos que supone la realidad migratoria en nuestro país la Secretaría de Estado de Migraciones y el Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (IUEM) han presentado La Guía de integración local “Caminos de Convivencia”. El documento plantea los principales retos y líneas de intervención local que existen hoy en materia de integración. Retos que, en gran medida, pasan por dejar de hacer políticas “solo para inmigrantes”, para incorporar las medidas de integración y de gestión de la diversidad dentro de las políticas públicas generalistas.
La investigación parte del supuesto de que actualmente en nuestro país existen tres procesos en curso que cambian sustancialmente el marco y la forma en que solíamos pensar y diseñar las políticas de integración locales. En primer lugar, el fuerte proceso de arraigo e integración de la inmigración en nuestra sociedad, sobre todo en sus barrios populares. Una integración que ha impulsado un profundo cambio sociodemográfico en nuestra sociedad del que aún no somos del todo conscientes. La POI, afirma el estudio, ya no es una población de paso, sino un componente esencial del país que somos y vamos a ser, por mucho que nuestros marcos mentales tradicionales se resistan a verlo.
El avance de la “cuestión social” en el ámbito local, especialmente en los barrios populares, es el segundo de los procesos que analiza la investigación. Una cuestión social marcada por el precariado -crecimiento del empleo precario y reducción de la protección social pública-, pero también por los diferentes riesgos sociales que crecen en dichos contextos, incluyendo el debilitamiento de las relaciones comunitarias. Una cuestión social que afecta a amplios sectores de la sociedad española, pero donde la POI ocupa las peores posiciones socioeconómicas, conformando, si se quiere, una precariedad por debajo de la precariedad nativa.
Por último, la investigación afirma que existe un prejuicio étnico grupal hacia la población de origen inmigrante (POI) que representa al otro inmigrante, generalmente de forma sutil, como diferente, extraño e inferior. Un prejuicio que justifica que los nativos, por el simple hecho de serlo, ocupen una posición de preferencia en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad y que se siente amenazada por el arraigo e integración de las personas de origen inmigrante. Este prejuicio grupal se ha activado en los barrios populares durante estos años de crisis y precariado, y han crecido aquellos discursos que representan a la inmigración como amenaza socioeconómica y comunitaria.
La guía sostiene que el contexto migratoria actual cambia el marco de las políticas de integración local, que deben, si quieren ser efectivas, ampliar su enfoque de intervención. De esta forma, las políticas de integración deberían dejar de ser “políticas para inmigrantes”, para transformarse, o fundirse, en una política más generalista cuyos dos ejes centrales sean las medidas de cohesión social, y las intervenciones basadas en la gestión intercultural de la diversidad. Dicho de otro modo, las y los expertos de la Universidad de Comillas explican que las políticas de integración o de gestión de la diversidad deben incorporarse y transversalizarse en las políticas universales de cohesión social, y estas deben crecer y ampliarse, contrarrestando los efectos actuales del precariado en los barrios populares, e incorporando efectivamente a la población de origen inmigrante con sus obstáculos específicos, en sus programas de actuación.
El equipo de investigadores del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas propone que existen varias líneas de intervención a desarrollar, que tratan de encaran los principales retos en materia de integración social y convivencia intercultural. Por un lado, el impulso de políticas de cohesión social universales que superen las crecientes desigualdades sociales que afectan a ambos grupos, nativos e inmigrantes, en materia laboral, económica, educativa, etc. Por su parte, el desarrollo de medidas transversales de gestión intercultural de la diversidad que ayuden a superar los procesos de discriminación, y a construir procesos comunes de convivencia en los actuales entornos sociales diversos. Un elemento específico sería necesario en los proyectos educativos desde una mirada intercultural. Asimismo, diseñar y desarrollar un marco específico de acogida local que recoja las necesidades específicas de la población migrante y refugiada. El desarrollo de una política de visibilización, reconocimiento y normalización de las personas de origen inmigrante en el seno de nuestra sociedad que vaya más allá de los estereotipos tradicionales. Y finalmente, una política de acogida compartida que permite impulsar los procesos de incorporación de refugiados e inmigrantes recién llegados.
La investigación advierte que la amenaza que flota en el ambiente es que, sin este tipo de políticas públicas, en un contexto mar- cado por el crecimiento del precariado y la desigualdad social, la persistencia del prejuicio étnico y el crecimiento de propuestas políticas nativistas y xenófobas, se podrían producir fácilmente en los próximos años estos dos efectos sociales no deseados. Primero, la ruptura del tono de sosiego que caracteriza actualmente las relaciones entre ambos grupos en el ámbito local, aumentando la hostilidad, la xenofobia y el apoyo a propuestas políticas que culpan a los inmigrantes de los problemas estructurales que tenemos. Y segundo, el mantenimiento y la reproducción -especialmente en la mal llamada segunda generación- de la actual situación de desigualdad y segmentación étnica que existe en nuestra sociedad. Un escenario donde los nuevos españoles debido a su origen étnico y racial diferentes seguirían concentrados en las peores posiciones socioeconómicas y vitales de nuestro país. En este contexto, concluye la guía, parece claro que invertir en integración, es invertir en el país, en la construcción de una sociedad y una comunidad más justa y cohesionada. Un tipo de política “de estado” que necesita generar consensos amplios, y abandonar el actual clima de polarización ideológica sobre la cuestión inmigrante, que ciertamente termina perjudicando a todos, y en concreto a las personas de origen inmigrante.
