Para detener la emergencia climática todos y todas podemos cumplir un papel importante. Sin embargo, el rol que desempeñan los líderes políticos y responsables de la creación de políticas públicas, sin dudas, tienen mayor protagonismo. Es por esto, que las Organizaciones sociales instan a que los proyectos de ley y los programas que se propongan sean realmente transformadores.
Un grupo de organizaciones ambientales compuesto por: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF siguen de cerca el proceso de elaboración de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera del Estado, la primera de las cuatro leyes previstas que actualizarán la gestión pesquera en el Estado español, un paso crucial que marcará el futuro de la pesca en nuestro país.
La pesca es la actividad que más influye en la pérdida de biodiversidad marina tal y como evidencian recientes evaluaciones científicas. Ante esta situación y el estado crítico en el que se encuentra el Mediterráneo, el Gobierno de España está en trámite de elaborar la nueva legislación pesquera, con un paquete de cuatro nuevas leyes que afectarán a esta actividad y la primera es la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Según las organizaciones ecologistas, esta ley es crucial para establecer una base moderna, sólida y eficaz para la gestión de la actividad pesquera en la próxima década y una oportunidad para facilitar una transición ecológica y justa de la pesca.
Si bien las organizaciones ambientales consideran que la ley es el marco idóneo para establecer mecanismos de participación y transparencia en política pesquera, también afirman que es necesario que sea más ambiciosa. Estos grupos ambientalistas consideran positivo que en la ley se incluya el enfoque ecosistémico, aunque este no se acaba de reflejar en el articulado. Entre otros puntos, las entidades han expresado su preocupación por que el anteproyecto apenas contemple los planes plurianuales de gestión, herramienta esencial para alcanzar los objetivos de conservación y gestión europeos a nivel de las particularidades regionales o locales de cada pesquería. Sin estos planes de gestión a largo plazo, la adaptación al cambio climático resulta inviable. De hecho, la inclusión de un enfoque climático adaptativo ha sido una de las demandas hechas por los ecologistas en sus alegaciones.
Asimismo, otra de las carencias de la ley es la poca ambición en la recopilación de datos, por ejemplo, de pesca incidental de especies vulnerables o en peligro. Esta recopilación de datos se considera uno de los objetivos principales de la ley, para su análisis y diseño de medidas mitigadoras, pero casi no se menciona en el articulado. Por otra parte, las organizaciones ambientales han hecho hincapié en que para avanzar en términos de sostenibilidad, una nueva ley de pesca ha de apostar por un reparto de cuotas que incentive las mejores prácticas ambientales y sociales. Es decir, que se apliquen criterios ambientales y sociales a la hora del reparto en beneficio de aquellos buques pesqueros que utilicen artes de pesca más selectivos, con un reducido impacto ambiental, con bajo consumo de combustibles fósiles o menores daños al hábitat y especies, o que apliquen mejores prácticas socio-laborales.
Finalmente, se ha recalcado la importancia de la coordinación y coherencia en la aplicación de la legislación ambiental y la legislación pesquera. Para ello se debe impulsar la declaración de reservas marinas congestionadas, así como cierres permanentes, contribuyendo al objetivo establecido en la estrategia de Biodiversidad de la UE, de proteger el 30 % de nuestro medio marino para 2030.
