Con la llegada de las vacunas y las esperanza de que, de una vez por todas, la pandemia vaya llegando a su fin, los esfuerzos están puestos ahora en la recuperación económica de los países. Para esto, el Gobierno de España presentó su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Europea. A través de este plan, España tiene previsto movilizar 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023, un importe que supondría ejecutar, en tres años, la mitad de todos los fondos disponibles para el país a través del fondo Next Generation EU. Cabe indicar que se prevé que el plan tenga un impacto adicional en el PIB de más de 2,5 puntos porcentuales y que ayude a crear más de 800.000 puestos de trabajo.
Los cuatro pilares sobre los que se sustenta el plan, que el Gobierno ha bautizado como España Puede, son:
Hace algunos meses, cuando se empezaron a mover los millones de los Fondos Europeos de Recuperación Greenpeace comenzó a fijarse en lo que se iba cumpliendo y en lo que no. En junio referentes de la ONG advirtieron que no se estaba garantizando una recuperación verde y justa y, por esta razón, decidieron no dejar de estar vigilantes de los movimientos que se realicen del Plan España Puede. Este es el origen de La Lupa Verde, el observatorio de Greenpeace España que va a controlar estas inversiones (con la ayuda de Ekona) para estos próximos tres años.
Se trata de un observatorio para vigilar que la recuperación económica sea verde y justa. Para lo cual se va a realizar un seguimiento de la ejecución del plan de recuperación España Puede (2021-2023) e irán actualizando su análisis a tiempo real en su web según se vayan aprobando y ejecutando las distintas actuaciones. El objetivo del proyecto es evitar que el gobierno vulnere en el Plan los criterios para lograr una transición ecológica. La urgencia, necesidad y oportunidad de llevar a cabo muchas de las reivindicaciones ambientales históricas de gran parte de la sociedad civil (la organización Greenpeace incluida) constituyen casi la mitad de sus propuestas.
A través de esta herramienta se irán analizando el grado de transparencia y cumplimiento y el alcance del plan a los diferentes sectores, pendientes de que no se incorporen falsas soluciones o impactos adversos sobre el medioambiente. Para ello, estarán especialmente atentos a la posible regresividad fiscal, el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), de otros contaminantes, de la generación de residuos y de las actuaciones que contribuyen a la vulneración de los derechos humanos y la posible contribución a la corrupción o la falta de transparencia.
Así, será posible saber cuántos de los fondos van a las grandes empresas con mayor capacidad económica y tecnológica y cuántos a pymes y empresas de economía social, sostenible y solidaria y personas autónomas. También cómo avanza la creación de empleo, el cumplimiento de combatir la brecha de género y el desequilibrio territorial, y además de manera detallada cómo van las inversiones en Energía, Movilidad, Ciudades y consumo, y Medio rural.
