Luego de más de un año de convivir con la pandemia, finalmente, se avizora un final cercano. La llegada de las vacunas y la implementación de medidas de protección por parte de la ciudadanía han sido fundamentales para que en España superemos los tiempos más difíciles. Sin embargo, es innegable que casi todos los planos de la vida contemporánea se han visto modificados tras la intempestiva irrupción del coronavirus. Entre muchas otras áreas, la calidad y la dimensión de algunos servicios públicos básicos como la sanidad y la protección social se verán modificados. El estudio "La sostenibilidad del gasto social en las haciendas autonómicas. Perspectivas 2018-2030", editado por Funcas, esboza un posible escenario del gasto social autonómico e identifica los epígrafes que van a soportar mayor presión al alza en los próximos años.
La relevancia del gasto en los servicios públicos fundamentales tales como sanidad, educación y servicios sociales se fundamenta en su impacto social y el peso que mantiene principalmente sobre las haciendas autonómicas. Las previsiones demográficas vienen alertando desde hace tiempo de los retos que supone el envejecimiento progresivo sobre el gasto público, y a su vez las bajas tasas de natalidad sobre los ingresos a largo plazo. El informe advierte que la reciente pandemia de la COVID-19 ha puesto aún mayor énfasis en la vulnerabilidad del gasto público y la propia dinámica de crecimiento de las economías sin una planificación adecuada de los recursos para afrontar situaciones de emergencia sanitaria como las actuales.
En primer lugar, la investigación evidencia que la pandemia ha añadido presión sobre el gasto de las comunidades autónomas, que representa un tercio del gasto público del conjunto de administraciones. En este sentido, el documento muestra que en torno al 68% de ese gasto soportado por las regiones se destina a los servicios sociales básicos: sanidad (37%), educación (24,5%) y protección social (6,5%), afectados tanto por la crisis sanitaria actual como por el impacto a largo plazo del envejecimiento progresivo de la población sobre el gasto y de la baja tasa de natalidad sobre los ingresos.
Los datos obtenidos por Funcas muestran que la demanda de la sociedad a sus gobiernos para legitimar una cobertura suficiente y sostenible de los sistemas de salud será mucho más acuciante en el escenario pospandemia. A diferencia de la última crisis económica, que exigió a las haciendas autonómicas no solo poner freno a un crecimiento sostenido del gasto en estos servicios básicos, sino en muchos casos aplicar ajustes significativos para asegurar el proceso de consolidación presupuestaria.
La investigación, cuyo objetivo ha sido estudiar la sostenibilidad financiera del gasto social autonómico, analiza que en el escenario base prepandemia, las necesidades de gasto social autonómico que se infieren exclusivamente de la evolución demográfica alcanzarían los 14.371 millones de euros hasta 2030, con un incremento medio anual del 0,8%. La mayor parte de ese aumento (94%) se explica por el componente sanitario y se concentra en aquellas comunidades donde los tramos de edad superior a 65 años crecerán más en términos absolutos (Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana). El incremento restante corresponde a la evolución de los gastos en dependencia. En contraste, por razones demográficas el gasto en educación podría generar incluso un ahorro de no mediar otros factores que lo impulsen al alza. Esto muestra que la presión demográfica por sí sola no pondría en riesgo la sostenibilidad del gasto social autonómico atendiendo a la regla fiscal vigente (“regla de gasto”), excepto en los primeros años del periodo analizado, hasta 2022. Son las CCAA mencionadas las que tendrían mayor dificultad para el cumplimiento de dicha regla fiscal.
No obstante, no se podía obviar en este análisis la irrupción de la pandemia. Es por eso que, el estudio incorpora un escenario postpandemia, que recoge el aumento previsible de la presión política y social para elevar la calidad y la dimensión de los servicios públicos fundamentales. Entre otras actuaciones posibles, se recoge el refuerzo de la política de recursos humanos ligada a estos servicios esenciales, las necesidades que se han evidenciado en materia de salud pública, la inversión que exige la digitalización de estos servicios para una aproximación más eficiente a los usuarios y la renovación de equipamiento tecnológico.
Concretamente, en el caso del gasto sanitario autonómico, el refuerzo estimado supone un 7,4% de mayor gasto real que en el escenario prepandemia, es decir, unos 5.125 millones en términos reales. El gasto sobre PIB real aumenta de manera muy significativa y se mantendría cerca del 7,1% hasta 2030, lo que supone 1,2 puntos más respecto al nivel que hubiera alcanzado en el escenario prepandemia. La subida del gasto sanitario en términos de PIB resituaría a España en el contexto internacional en términos relativos.
Por un lado, en cuanto al gasto educativo, el documento sostiene que el aumento de 2.000 millones de euros derivado del fondo Covid supone un salto de nivel que cubre la mitad del asumido en un entorno previo a la pandemia. Esta previsible consolidación del gasto educativo excepcional de 2020 se explica no solo por las medidas de seguridad sanitaria, sino también por nuevas necesidades derivadas del confinamiento para ir adaptando el sistema educativo, como inversiones en digitalización de la educación y adecuación de infraestructuras o gasto corriente dirigido a mantener la contratación de los nuevos profesores o formación permanente de los docentes. Por otro lado, la investigación afirma que sobre la dependencia y otros servicios sociales, no hay datos ni avances firmes hasta ahora para suponer incrementos adicionales de gasto. La diferencia entre los escenarios pre y post pandemia en dependencia es un incremento extra de unos 1.800 millones en 2020, hasta los 2.638 millones diez años después.
Así, el informe concluye que, desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, es previsible que la suspensión temporal de las reglas fiscales europeas se prorrogue más tiempo del esperado. En la medida en que se reactiven dichas reglas, el próximo año se espera un punto de inflexión, con un ajuste de los recursos de financiación con consecuencias sobre el déficit. Ante este escenario, la investigación elaborada por Funcas sostiene que será necesario establecer una hoja de ruta interna (por subsectores) factible para recuperar la disciplina fiscal y garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
