Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presidido la XI Asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), responsabilidad otorgada como reconocimiento a la implicación y liderazgo de España en la transición ecológica. Durante su intervención, Ribera ha alentado a los Gobiernos presentes en el encuentro a alinear los mecanismos de recuperación frente al COVID-19 con la acción contra el cambio climático ya que la descarbonización abre “importantes oportunidades” a escala global. Entre ellas, el acceso a energía de forma segura y asequible, la creación de empleo, la modernización de la industria y mejora de la competitividad.
La ministra ha abogado por acelerar la acción por el clima y el impulso de las energías renovables para asegurar que la recuperación económica frente a la COVID-19 sea sostenible y justa. “Alinear los mecanismos de recuperación económica con la acción climática es el mejor camino para salir reforzados de la crisis derivada de la pandemia. La descarbonización de nuestras economías abre importantes oportunidades a escala global al facilitar acceso a energía de forma segura y asequible, creación de empleo, modernización de la industria, mejora de la competitividad y, en definitiva, sentando las bases de un nuevo modelo de prosperidad que no deje a nadie atrás y sea compatible con los límites del planeta”, ha señalado.
La Agencia ha concedido la presidencia de la asamblea a España en reconocimiento a su labor y liderazgo en materia de transición ecológica. En 2020, las energías renovables, la forma más barata de generación de energía, han registrado la mayor cuota de participación en el mix energético del país, alcanzando el 43,6% de la generación eléctrica del país. Además, en este año, se han aprobado los planes estratégicos que comprometen al país a un crecimiento significativo de generación renovable a 2030 y 2050.
España, con una gran cantidad de recurso renovable debido a su ubicación, cuenta, además, con cadenas de valor consolidadas en el campo de las energías renovables como la electrónica de potencia, la generación renovable o la movilidad eléctrica. Todo ello abre oportunidades para que el país se convierta en uno de los principales actores en la transición energética dentro de la Unión Europea.
Nuestro país ha sido uno de los países fundadores de la agencia, junto con Alemania y Dinamarca, y ha formado parte activa de ella desde su creación en 2009. La undécima edición de su asamblea general, que se celebrará de manera virtual hasta el próximo 21 de enero, reunirá a 2.000 participantes, incluyendo a 70 ministros de diferentes países que, bajo la presidencia de España, debatirán durante cuatro días el camino a seguir en las políticas cero emisiones, los planes nacionales de energía y en la inversión en energías renovables.
El despliegue de energías renovables continúa su consolidación tras años de crecimiento. IRENA calcula que entre 2021 y 2023 las inversiones en energías renovables y otras tecnologías verdes alcanzarán los 2 billones de dólares, una cifra muy superior a los 824.000 millones de 2019. Es importante destacar que el crecimiento exponencial de la capacidad renovable de España en los dos últimos años se ha sustentado en un marco regulatorio que proporciona seguridad y estabilidad a las inversiones, transforma el sistema energético en uno más flexible, dinámico y descentralizado, permite trasladar al consumidor los ahorros que implica la producción renovable y sirve de base para la recuperación económica.
España ya posee un completo Marco Estratégico de Energía y Clima que cuenta con herramientas de larga proyección como la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050; y con planificaciones a medio plazo como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que determina las líneas de actuación para reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, alcanzar el 42% de renovables en el uso final de la energía, el 74% de presencia de renovables en el sector eléctrico y mejorar la eficiencia energética en un 39,5%.
Asimismo, nuestro país ha desarrollado una Estrategia de Transición Justa para maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos de la transición hacia una economía descarbonizada; la Estrategia contra la Pobreza Energética, con objetivos claros de reducción a 2025; y cuenta con un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética -que se encuentra en la última fase de tramitación parlamentaria- orientado en el medio y largo plazo y que articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, situando la transición energética en el centro de la acción.
Al mismo tiempo, con el triple objetivo de evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema, a finales de 2020 el Gobierno de España aprobó el inicio de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
Este fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos antiguo, que dejarán de formar parte del recibo de la luz, rebajando la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos. Se trata de un mecanismo socialmente progresivo: cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su “cesta energética”, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos.
Las energías renovables también recibirán un importante impulso gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina el 37% de su dotación a la transición ecológica y, de forma más concreta, el 8,9% del total a su política palanca 3, destinada a una “Transición Energética Justa e Inclusiva”. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 destinan 5.390 millones de euros a la transición energética.
