La crisis de la COVID-19 ya ha generado efectos graves en todos los segmentos poblacionales. En este sentido, existe una gran preocupación por el impacto que ha tenido la pandemia entre los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Para abordar en profundidad esta problemática, el día de hoy, 15 de octubre, se ha llevado a cabo una reunión en la cual han participado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el alto comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, junto a la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, para acordar las bases del estudio que llevarán a cabo en conjunto sobre el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la población infantil.
El informe de la Plataforma Europea de Entidades Sociales (EAPN) advierte que aunque no hay datos para saber en cuánto ha aumentado la pobreza y vulnerabilidad por la crisis de la COVID-19, las consecuencias pueden ser algo diferentes a las producidas en la crisis anterior, debido a las medidas de protección de rentas que se han puesto en marcha para luchar contra los efectos de la pandemia. Y citan, entre otras, mecanismos como los ERTE y con el Ingreso Mínimo Vital, que pueden limitar el efecto de la pandemia, sobre todo en las personas más vulnerables. De aquí que el estudio resulta especialmente relevante para conocer el impacto de estas políticas.
Tanto el ministro como el alto comisionado han subrayado la importancia de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para reducir la pobreza severa, especialmente entre los hogares con hijos. En 2019, España (27,4%) era el tercer país de la UE con mayor pobreza infantil, sólo superado por Bulgaria (27,5%) y Rumanía (30,8%). Además, la tasa de pobreza infantil persistente (estar en situación de pobreza en el año en curso y en al menos dos de los tres años anteriores) era el año pasado del 17,4% en España, frente al 13,1% de media en la Unión Europea.
Para hacerle frente a la difícil situación que afronta nuestro país, en medio de la pandemia, el Ministerio de Inclusión aprobó en mayo de este año el Ingreso Mínimo Vital, una red de último recurso para proteger y favorecer la inclusión social y laboral de la población más vulnerable. El ministro ya manifestó entonces que se creaba una herramienta que permitiría sacar de la pobreza extrema a algo más de un millón de personas, destacando el efecto en los hogares con niños.
Por ello, el ministro y el alto comisionado se han comprometido a estudiar “los efectos concretos que tiene esta prestación en los hogares en los que viven niños o niñas”, que son uno de los principales objetivos del Ingreso Mínimo Vital. Escrivá ha destacado al respecto que, “Ahora hay que poner la lupa sobre la población infantil y por ello vamos a estudiar los efectos directos del IMV, tanto en la tasa de fracaso escolar o absentismo como en la alimentación de los niños o su nivel de autoestima”.
Por su parte, Ernesto Gasco ha subrayado que el IMV “es un instrumento imprescindible para reducir la desigualdad, similar al de otros países europeos de nuestro entorno, por eso ha sido uno de los primeros objetivos del Alto Comisionado. Confiamos en que tenga un impacto positivo sobre los hogares más vulnerables, especialmente aquellos con menores a cargo y, fundamentalmente, para las familias mono-marentales”.
