Para el traspaso de esta nueva normativa en España con los mínimos que se establecen en la Directiva, Transparency International España ha elaborado un documento con 7 recomendaciones y buenas prácticas. De esta manera, se podrá ofrecer una amplia protección a todos los denunciantes y avanzar en los esfuerzos anticorrupción.
Entre las recomendaciones de la organización no gubernamental, se incluye la necesidad de elaborar una legislación nacional transversal en esta materia. En el texto, Transparency International España señala: “Contar con una legislación nacional que unifique las medidas de protección de los denunciantes, estableciendo las garantías generales y garantías específicas para aquellos colectivos de denunciantes más expuestos, permitiría armonizar y dotar de coherencia a nuestra legislación”.
También se incluye la necesidad de concretar y definir adecuadamente los conceptos, de ofrecer una protección a los denunciantes más allá del contexto laboral, y de reflexionar sobre las denuncias anónimas y los mecanismos más adecuados para recibirlas y gestionarlas.
Para ello, la organización considera que se debe crear una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de la legislación en este ámbito y que haga seguimiento a través de la recolección de datos, al tiempo que organice campañas de sensibilización para que la ciudadanía se familiarice con la figura de los denunciantes y se comprometa con la denuncia de las irregularidades. Además, otro aspecto a tener en cuenta será la perspectiva de género en los canales de denuncias, algo indispensable para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.
