España acumula un déficit inversor superior a 114.000 millones de euros en infraestructuras públicas prioritarias de elevado impacto social: ciclo integral del agua, tratamiento de residuos, o movilidad y accesibilidad urbana, entre otras. Además, hay sanciones de la Comisión Europea en curso por incumplimiento de Directivas, según los datos de la patronal Seopan. Con estos datos, la patronal asegura que "eludir el compromiso con la inversión pública no es una alternativa responsable". Y cita varias razones, como la pérdida de competitividad y de impulso económico, la reducción del bienestar social del ciudadano.
España invierte 20 euros por habitante en medio ambiente, la media europea está en 53 euros

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Intraestructuras (Seopan) acaba de presentar su informe Construcción e Infraestructuras 2017-2018 según el cual a pesar de la mejoría de 2017, el ritmo delicitación/contratación actual de las administraciones públicas es insuficiente para resolver el déficit inversor.

Pone varios ejemplos, entre ellos, en materia de medio ambiente, señala que en lo que respecta al tratamiento de residuos, al ritmo actual de contratación (48 millones de euros/año) tardaremos 136 años en cumplir el objetivo de inversión para 2020. Y además, calcula que en infraestructuras de protección del medio ambiente (incluye gestión de residuos, aguas residuales, reducción contaminación, protección de la diversidad y paisaje, I+D y protección ambiental) invertimos por habitante un 62% menos que la media europea, 20 euros frente a 53 euros por habitante. Si hablamos de educación, el porcentaje sube por encima del 70% (27 euros frente a 93), con un déficit inversor en equipamiento público de 7.300 millones de euros.

En cuanto al ciclo integral del agua, la falta de inversiones supera los 12.000 millones de euros, según Seopan, llevándose la distribución y el tratamiento del agua la mayor parte del mismo, con 4.900 y 4.350 millones de euros respectivamente. En este caso, calcula que al ritmo actual de contratación (292millones de euros/año), tardaremos 39 años en alcanzar el objetivo de inversión para 2021.

Con estos datos, la patronal asegura que "eludir el compromiso con la inversión pública no es una alternativa responsable". Y cita varias razones, como la pérdida de competitividad y de impulso económico, la reducción del bienestar social del ciudadano. Y afirma que mejorar la accesibilidad urbana de nuestras infraestructuras (38.000 millones de euros de inversión) "facilitará el objetivo vinculante de la Unión Europea para reducir en 2030 un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los niveles de 1990.

Además, la patronal considera necesario que se defina un un modelo global de financiación y gestión de nuestras carreteras de gran capacidad "más eficiente, sostenible y solidario, que acabe con los agravios comparativos existentes entre las regiones y otros modos de transporte, de acuerdo con la práctica de los demás países europeos y las recomendaciones de la UE, que basan su sostenibilidad en los uarios de las vías y no en la totalidad de los contribuyentes".

 

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