España acumula un déficit inversor superior a 114.000 millones de euros en infraestructuras públicas prioritarias de elevado impacto social: ciclo integral del agua, tratamiento de residuos, o movilidad y accesibilidad urbana, entre otras. Además, hay sanciones de la Comisión Europea en curso por incumplimiento de Directivas, según los datos de la patronal Seopan. Con estos datos, la patronal asegura que "eludir el compromiso con la inversión pública no es una alternativa responsable". Y cita varias razones, como la pérdida de competitividad y de impulso económico, la reducción del bienestar social del ciudadano.
