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Los obstáculos que más dificultan la consecución de los derechos humanos son los relacionados con la pobreza extrema, la seguridad alimentaria y la educación. Sin embargo, no son los únicos, y cada vez resulta más urgente prestar atención a elementos como el empleo decente, la desigualdad o la preservación del medio ambiente

Así lo ha manifestado Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, durante la primera edición del Foro Internacional de Derechos Humanos: de lo global a lo local, con el que se ha dado continuidad a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

García Casas ha puesto en valor las posibles vías para que los derechos humanos sean implantados y defendidos en nuestra sociedad desde un enfoque amplio e integrador. Por ejemplo, las empresas, que hoy son un factor de desarrollo imprescindible, aunque para ello deben ir más allá de las políticas de Responsabilidad Social (RSE/RSC). “En este sentido, hay dos vías de acción: la generación de empleo digno en grandes cantidades y la capacitación y trasferencia de tecnologías y conocimiento”, ha señalado, al tiempo que ha apuntado hacia un reto aun pendiente: la involucración de las pymes y de las empresas que viven procesos de internacionalización y operan en comunidades agrícolas.

Para que se dé una integración plena, la implicación de las administraciones a través de políticas y planes concretos es imprescindible. “Estamos muy satisfechos de que España cuente con un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Trabajar por los derechos humanos es cuestión de todos, pero es imprescindible incluir a las pymes en el trabajo en los derechos humanos“, ha reconocido Ángel Pes, presidente de la Red Española de Pacto Mundial. Asimismo, ha invitado a la reflexión ya que solo 18 países a nivel internacional han dado este paso. Por cuestiones como esta, la jornada -organizada por la Red Española de Pacto Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y El País- ha pretendido llamar a la reflexión sobre los nuevos desafíos a los que la sociedad actual debe hacer frente para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Así, gracias al testimonio de expertos y representantes del sector privado y social, se ha examinado cómo el cambio climático y la pobreza tienen un impacto directo sobre estas garantías universales, cómo influye esta materia en el desarrollo de las ciudades y cuál es el papel del sector privado.

En cuanto al cambio climático, Marcela Villareal, directora de la División de Asociaciones y Cooperación Sur-Sur de la FAO, ha querido destacar su vinculación directa con el aumento de los problemas agrarios y de la hambruna. “En 2015, 777 millones de personas padecían hambre. Hoy, la cifra alcanza los 815 millones”, ha indicado. Un dato alarmante que exige soluciones que impliquen a todos los estamentos de la sociedad. Además, tal y como ha argumentado Pablo Tosco, fotorreportero de Intermon Oxfam, es importante saber trasladar la realidad de quienes padecen esta situación. “Tenemos que ser conscientes de que detrás de estas cifras hay rostros y voces concretas. Y pensar en ellas no solo como víctimas, sino como actores de cambio”, ha insistido. Por su parte, Ana Benavente, gerente de Sostenibilidad de Acciona, ha recordado el valor del pacto que se alcanzó en la COP21 para comenzar la transición hacia una economía baja en carbono. “Tenemos que estar todo a una. Por ejemplo, en Acciona vamos a invertir alrededor de 2.500 millones de dólares en energías renovables, gran parte en países en desarrollo”, ha afirmado.

El ámbito privado ofrece un gran margen de actuación en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible. “Dentro de las grandes empresas, existen multitud de herramientas para liderar el cambio que necesitamos. Ahora, lo importante es la trazabilidad humana: los derechos humanos generan responsabilidades humanas, por lo que tenemos que avanzar más y más rápido”, ha señalado Kavita Parmar, fundadora y directora creativa de IOU Project. Fernando Ruiz, director de Sostenibilidad de Repsol, ha coincidido con ella, y ha destacado el papel de los inversores: “cada vez exigen una mayor responsabilidad, algo que es muy bienvenido por parte de las compañías”. Además, ha puesto sobre la mesa de debate la necesidad de contar con mecanismos de reclamación eficaces: “la escucha y el diálogo son fundamentales”. Un punto compartido por Bernardo Cruza, director de RSE de El Corte Inglés, quien ha insistido en que “la compensación efectiva es la pieza fundamental que falta por desarrollar efectivamente por las empresas”.

Tatiana Espinosa de los Monteros, directora global de Relaciones Laborales de Telefónica, ha indicado cómo la tecnología reporta un beneficio indiscutible para la consolidación de los derechos humanos, aunque no está exenta de peligro: “las oportunidades que ofrece crecen de forma paralela a la preocupación por el uso de los datos", ha contado. Por ello, es necesario que las políticas en materia de seguridad sean restrictivas: “los usuarios tienen que tener su control y beneficiarse de la gestión", ha concluido.

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