El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Según informan dichas fuentes oficiales, el Plan plasma el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos y responde igualmente al llamamiento del Congreso y del Senado de avanzar en materia de empresas y derechos humanos en forma de proposiciones no de ley y de mociones.
Un documento que responde a las recomendaciones efectuadas en el marco de la Unión Europa a través de la Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE/RSC) y del Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos (DDHH) y democracia 2015-2019.
El Plan tiene presente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invita a las empresas a alinear su estrategia corporativa de negocio con los objetivos de desarrollo para buscar el valor añadido que pueden aportar en los países en desarrollo.
"Este Plan contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones empresariales, previniendo y mitigando riesgos basados en los derechos humanos y fortaleciendo sus capacidades al respecto", indica el ministerio de Alfonso Dastis.
El texto aprobado por el Consejo de Ministros es el resultado de un proceso que se inició en 2013 y se desarrolló mediante la celebración de consultas amplias entre Administración, empresas y sociedad civil en una primera fase que se extendió durante casi dos años, y que fue seguida de un intenso trabajo de coordinación interministerial durante los últimos meses. El Plan crea una Comisión de Seguimiento que evaluará anualmente la ejecución de las medidas previstas y elaborará propuestas de actualización del mismo. De este modo, la Comisión de Seguimiento irá concretando la puesta en práctica de las medidas de ejecución, identificando a los responsables de su aplicación, los indicadores de cumplimiento y el calendario de ejecución.
Imagen de archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.